Este viernes culminó la gira del Ministerio de Justicia y del Derecho que, acompañado por otras entidades como Acción Social y el Ministerio de Agricultura, recorrieron todo el país para escuchar de boca de las víctimas del conflicto armado los aportes y sugerencias para mejorar los mecanismos de atención y reparación que empezarán a implementarse a partir del primero de enero de 2012.

Fueron más de 700 víctimas y representantes de 366 instituciones públicas y privadas, de 31 departamentos, quienes hicieron parte de esta construcción colectiva sin precedentes en el país, y en la cual pudieron compilarse más de 3.500 propuestas y comentarios de quienes serán beneficiados directamente por la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Estos espacios regionales incluyentes y equitativos, garantizaron la participación mediante una metodología basada en talleres y discusiones temáticas. Fueron siete talleres realizados en Manizales, Medellín, Bucaramanga, Cali, Santa Marta y Bogotá en los cuales participaron en promedio 180 personas. En este esfuerzo donde se privilegió la participación de las víctimas del conflicto armado o representantes de organizaciones de víctimas se contó además con el aporte de funcionarios nacionales, departamentales y municipales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, la academia, gremios y representantes del sector privado.

Entre los contenidos más discutidos y que generaron mayor participación en los asistentes estuvieron los relacionados con las medidas de satisfacción, los programas de protección, la restitución de tierras, la asistencia y atención, los mecanismos de participación de las víctimas, la coordinación Nación-Territorio, y el proceso de registro.

También fueron objeto de propuestas y de consulta los montos de los gastos judiciales, la indemnización administrativa, las medidas de rehabilitación, restitución de bienes distintos a la tierra y los sistemas de información.

Estos talleres fueron posibles gracias al apoyo decidido de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Fupad, y Aecom-Usaid.

Los objetivos del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas serán los siguientes, entre otros:

· Adoptar las medidas de asistencia y atención señaladas en la presente ley, en disposiciones vigentes y en pronunciamiento de las altas cortes sobre la materia.

· Implementar las medidas de reparación integral que sirvan a los programas que debe diseñar el Estado colombiano en procura de garantizar la reparación a las víctimas, teniendo en cuenta los principios del Derecho Internacional Humanitario, normas Internacionales de Derechos Humanos, normas constitucionales y demás vigentes sobre la materia, así como los criterios de reparación enunciados por la jurisprudencia y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

· Adoptar mecanismos que faciliten la asistencia legal a las víctimas para garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la restitución de los derechos vulnerados y de sus bienes patrimoniales así como el derecho a la reparación integral.

· Diseñar y adoptar medidas que garanticen a las víctimas su acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole los medios necesarios para la reparación del daño sufrido, evitando procesos de revictimización.

· Brindar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, mujeres cabeza de familia y huérfanos.

· Diseñar una estrategia de atención integral a las víctimas para articular la atención que brinden las instituciones estatales a fin de garantizar la eficacia y eficiencia que se brinde a las víctimas, procurando además la plena articulación entre el nivel central y el territorial.

· Programar las herramientas necesarias para ejecutar y realizar seguimiento y monitoreo al Sistema de Información que permita el manejo e intercambio de la información sobre las víctimas, entre las diferentes instituciones del Estado que las atiendan, con el fin de garantizar una rápida y eficaz información nacional y regional.

· Crear espacios y mecanismos para la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado interno.