La Procuraduría les pidió hoy a los magistrados del Consejo de Estado que no acepten la solicitud de pérdida de investidura, por presunto tráfico de influencias, realizada en contra de nueve senadores.

La solicitud se deriva del hecho porque el Ministerio Público considera que la solicitud, hecha por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas, no tiene suficientes argumentos que lleven a inferir que los legisladores habrían firmado, presentado y aprobado una proposición, con la que se integró en la Comisión Primera del Senado a María Isabel Mejía, y en la Comisión IV, a Charles Shultz, vulnerando la ley 5 de 1992.

Los hechos se remontan al 27 de mayo del 2009, cuando presuntamente, los legisladores habrían realizado maniobras para favorecer la elección del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

“Los hechos aquí presentados no estructuran los supuestos que el denunciante ha planteado para estructurar una sanción de pérdida de investidura y mucho menos con la causal que se ha esbozado”, dijo el procurador delegado ante el Consejo de Estado, Isnardo Jaimes.

Los congresistas investigados son: Aurelio Irragorri, Dilian Francisca Toro, Manuel Mesías Enríquez, Piedad Zuccardi, Juan Carlos Roberto Vélez Uribe, Armando Benedetti, Carlos Roberto Ferro Solanilla y José David Name.