La Comisión de Ética del Congreso de la República de Perú acordó el martes en decisión unánime la suspensión por 120 días al segundo vicepresidente de Perú, Omar Chehade, por un supuesto tráfico de influencias.

La suspensión fue apoyada por los parlamentarios del bloque gobernante Gana Perú (Partido de Gobierno) lo que despejó especulaciones sobre una supuesta protección oficialista a Chehade. La sanción está pendiente de ratificación por el pleno congresal.

Chehade comenzó a ser investigado hace casi cuatro semanas por el Congreso y la fiscalía, luego de que la prensa revelara una presunta reunión del vicepresidente con altos mandos de la policía para promover el desalojo ilegal de la azucarera Andahuasi, administrada por los trabajadores, y así beneficiar al grupo Wong, uno de los accionistas en conflicto por el control de la firma.

Sin haber comprobado tal hecho, la comisión dictaminó, tras una investigación sumaria, que el acusado “ha infringido sus deberes de transparencia y veracidad” y “faltó a la verdad sobre las razones de la reunión” con los policías.

Además, violó un artículo del Reglamento del Congreso “que lo obliga a actuar con probidad” al participar en una reunión “que podría favorecer intereses particulares”.
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Según uno de los generales, en la reunión dos allegados de Chehade pidieron a los policías desalojar una cooperativa azucarera ocupada por sus trabajadores, y entregarla al grupo empresarial Wongs, que disputa su manejo.

El apoyo de Gana Perú a la sanción se sumó a un pedido de retiro de Chehade del gobierno, hecho públicamente por el presidente Ollanta Humala, sin que el cuestionado personaje renunciara a la vicepresidencia, limitándose a tomar una licencia hasta que su situación se dilucide.

Ante ello, el jefe de Estado dijo el pasado domingo que Chehade había quedado fuera del Ejecutivo y que el asunto estaba así terminado y en manos de la comisión parlamentaria y de una investigación paralela del Ministerio Público.

El escándalo se produce, además, en momentos en que Perú afronta protestas sociales contra el sector minero, vital para la economía. Por si fuera poco, ayer estallaron dos movilizaciones, una campesina, en Ayacucho, y una huelga por la modificación de la ley de creación de la Universidad Nacional Juan Santos Atahualpa, en Junín.

Santa Fe con agencias