Con propuestas del Gobierno nacional, la Comisión Primera de Cámara aprobó de manera unánime el proyecto presentado por la Fiscalía General de la Nación y que pretende resolver algunos obstáculos que ha presentado la implementación de la Ley 975 de 2005, también conocida como de Ley de Justicia y Paz.

De este modo, fueron avaladas las sugerencias hechas por el Ministerio de Justicia y del Derecho en cuanto a tres puntos fundamentales: la necesidad de transformar el enfoque investigativo de los postulados.

En cuanto a esta primera propuesta, se podrá garantizar que esfuerzos y recursos se concentren en el esclarecimiento de los patrones de macro-criminalidad y sistematicidad de los hechos violentos cometidos.

Esto permitirá entender qué fue lo que pasó, que las víctimas puedan encontrar realmente satisfechos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación; y que estos hechos no se vuelvan a repetir.

En segundo lugar, el Ejecutivo propone cerrar las postulaciones a los procedimientos de justicia y paz. Dado que la justicia transicional es temporal y excepcional, no tiene presentación que 6 años después de la entrada en vigencia de la Ley de justicia y paz, todavía haya desmovilizados que levanten la mano porque se acordaron de otros crímenes atroces cometidos con ocasión de su pertenencia al grupo armado.

Este cierre va de la mano de garantizar que quienes se desmovilizaron y se comprometieron con el proceso de reintegración, puedan continuar en el proceso de justicia y paz a pesar de haberse desmovilizado durante el año siguiente a la entrada en vigencia de la ley 975.

El objetivo es entonces doble: ampliar la vigencia de la Ley hasta la fecha de desmovilización para los desmovilizados colectivos cumpliendo con el objetivo de confianza legítima en el Estado, y cerrar las postulaciones para que la justicia transicional sea verdaderamente transicional.

Finalmente, el proyecto aprobado incluye artículos que fortalecen las herramientas para recuperar los bienes de los que fueron despojadas las víctimas con el fin de garantizar su derecho a la reparación integral.

Además de los mecanismos de extinción de dominio que ya incluía el proyecto de la Fiscal, se incluyó una causal de exclusión para los desmovilizados que escondan bienes, y se crea la categoría de la vocación reparadora de los bienes, que permitirá facilitar que los activos o propiedades que sean recibidos por el Estado realmente sirvan para la reparación efectiva.

Además, el proyecto contempla iniciativas para agilizar el procedimiento, para que el daño colectivo sea probado por la Procuraduría General de la Nación, y para reformar la audiencia del incidente de reparación.