–La Procuraduría General de la Nación conminó hoy a los alcaldes salientes para que paguen más de 188 mil millones de pesos que adeudan a ocho empresas prestadoras de servicios de salud, EPS, del régimen subsidiado.

La procuraduría señaló que en atención a las quejas reportadas a los organismos de control, según las cuales algunos municipios que administran directamente los recursos que cofinancian el régimen subsidiado de salud no están cumpliendo con los giros a las EPS, y que un gran número de ellos no está girado los dineros del Esfuerzo Propio Territorial que cofinancian el mencionado régimen, requierió la gestión urgente de estas entidades territoriales para que se optimice el flujo de los recursos de la salud.

La Procuraduría ha identificado además que algunas EPS no están girando la totalidad de los dineros de la cápita (Unidad de Pago por Capitación, UPC) que han contratado con la red prestadora, ni los de la contratación por evento y otras modalidades, lo que está afectando de manera grave la prestación de los servicios, en detrimento de los derechos de los usuarios.

Según información reportada por la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento de la Salud, Gestarsalud, con corte a 15 de octubre, sus ocho EPS afiliadas registraban 8.079 actas de contratos liquidados de 838 municipios del país, con un saldo pendiente de pago superior a los $188.372 millones de pesos. En el informe se expone que, a la misma fecha, aún existían contratos sin liquidar con una deuda superior a los $212.815 millones de pesos en 840 municipios.
De otra parte, las entidades territoriales del orden departamental adeudan a estas EPS más de $121.275 millones de pesos.

De acuerdo con la asignación de recursos excedentes de subsidio familiar, establecidos para el pago de la cartera por concepto No Pos, se asignaron recursos a las EPS del régimen subsidiado por un valor cercano a los $29.176 millones de pesos, lo que correspondiente al 24% de la deuda total a agosto del 2011.

Preocupa al Ministerio Público que no se cuenta con las cifras oficiales sobre el estado de los recursos, por lo que se ha solicitado a los procuradores regionales y provinciales verificar la actuación de las autoridades territoriales para establecer con precisión cuáles de ellas no están observando estrictamente las disposiciones de la normatividad vigente.

La Procuraduría General de la Nación advierte que el incumplimiento de las entidades territoriales o de las EPS del Régimen Subsidiado en el oportuno giro de los recursos, acarreará las sanciones administrativas o disciplinarias a que haya lugar.