Tras las denuncias de la concejal Clara Sandoval, sobre un posible fraude procesal por parte de la Camara de Comercio de Bogotá al querer expulsar a un grupo de libreros de un predio de su propiedad. La Entidad aseguró que ha sido victima de Gustavo Segura, quien es la persona que arrendó el predio a los libreros.

La Cámara de Comercio señaló que Gustavo Segura «a través de una ocupación ilegal de un predio de propiedad de la entidad, se ha lucrado por cerca de 8 años, a través del funcionamiento irregular de un parqueadero y del arriendo de 23 locales a personas dedicadas a la comercialización de libros»

Explica también que «como parte de las acciones para recuperar el predio, en el 2008 se realizó una primera diligencia de entrega del bien ocupado, momento en el cual el único opositor fue el señor Segura, quien a través de apoderada judicial reconoció la propiedad de la CCB, ante lo cual la Juez de conocimiento ordenó la entrega del inmueble a su legítimo propietario: la CCB»

La denuncia de la Concejal Sandoval indica que la Cámara de Comercio demandó equivocadamente al supuesto dueño del predio, “desconociendo los derechos del poseedor o intermediario y los arrendatarios cuyo sustento dependen de este lugar para laborar”

Por lo que la entidad le salió al paso asegurando que «El pasado 17 de noviembre se realizó la diligencia de entrega del inmueble ordenada por la Juez de Conocimiento, después de agotar todas las etapas procesales, en respeto absoluto del derecho de defensa y el debido proceso»

La Cámara explicó que «Dicha diligencia no se efectuó porque, a pesar de haber solicitado con suficiente antelación el apoyo de la Policía Metropolitana, la Secretaría de Integración Social y la Personería Distrital, no acudieron. Ante esta situación la Alcaldía Local de Santa Fe, acudió en apoyo de la juez comisionada ofreciendo la policía y la presencia del Personero Local, teniendo en cuenta que la diligencia estaba dentro del área de su jurisdicción y previendo posibles disturbios»

Sin embargo, no se pudo llevar a cabo la diligencia porque la Juez consideró que el apoyo debería darse por la Esmat, policía especializada en este tipo de operaciones.

La CCB puntualizó que la entidad ha garantizado los derechos de los libreros al recibir las peticiones en las instancias de mediación, en las cuales se llegó a un acuerdo que fue incumplido.