CIDH evaluará alegatos del Estado y argumentos de abogados por caso Mapiripán
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, evaluará hoy las demandas del Estado colombiano sobre falsas víctimas presentadas como muertas en la masacre de Mapiripán de 1997, en un hecho que aparte de ser de los más violentos que ha sufrido el país, también se ha tornado de los más escandalosos al descubrirse que fueron entregadas millonarias indemnizaciones a personas que no fueron afectadas.
Tanto los representantes del Gobierno Nacional, como del colectivo de abogados José Alvear Restrepo preparan los argumentos que se presentarán mañana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica para esclarecer responsabilidades dentro del litigio por falsas víctimas en la masacre de Mapiripán de 1997.
La comparecencia será ante el pleno de la Corte, que para esta fase de sesiones estará compuesto por el peruano García-Sayán, como Presidente, y el argentino Leonardo Franco, como Vicepresidente, con los jueces Manuel E. Ventura Robles, de Costa Rica, Margarette May Macaulay, de Jamaica, Rhadys Abreu Blondet, de República Dominicana, Alberto Pérez Pérez, de Uruguay, y Eduardo Vio Grossi, de Chile.
De acuerdo con la la CIDH, el propósito de la diligencia que se adelantará a partir de las 3:00 p.m., en San José es “obtener información detallada y documentada por parte del Estado sobre el cumplimiento de los pagos ordenados”
El tribunal Internacional señaló que “lo que motiva esta audiencia son algunos hechos de conocimiento público en Colombia relacionados con el cumplimiento de la sentencia sobre este caso”.
Además el panorama se complica teniendo en cuenta, que una de las beneficiarias de las millonarias indemnizaciones que el Estado tuvo que pagar señalara que fue manipulada por el pool de abogados, para que declara que dos de sus familiares habían sido asesinados en la toma, lo cual era falso.
La Fiscal general de la Nación, Vivianne Morales indicó que la Fiscalía estará representada por la Jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, Marlene Barbosa, por la fiscal que adelantó el proceso en Justicia y Paz, Yolanda Pardo, y por el Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de la entidad, Francisco Echeverry, quienes darán a conocer el informe.
Dijo, también, que se avanza en la investigación en la Unidad de Administración Pública donde varias personas, que se habrían hecho pasar por víctimas, fueron citadas a interrogatorio.
En torno del fallo proferido en su momento en contra del Estado colombiano por la CIDH, precisó que a la Fiscalía no le corresponde solicitar la revocatoria de la decisión y explicó que no existe en la legislación internacional una figura parecida a la revocatoria o a la revisión de una sentencia.
Según lo denunciado por el Estado Colombiano, tras la masacre se reportaron 49 personas muertas, pero el Gobierno a través de los organismos de inteligencia pudo constatar que eran alrededor de 12, lo que puso en el ojo del huracán a los representantes de las supuestas víctima, o sea al pool de abogados José Alvear Restrepo.
El colectivo en mención llevó a su cargo la representación de los afectados, por lo cual logró millonarias indemnizaciones, que fueron ordenadas por la CIDH para la reparación de 40 familias de Mapiripán.
Pero el pasado 25 de octubre, tras indagaciones de los organismos de investigación del Estado, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Teresa Ruiz, pidió a la Fiscalía que establezca la posibilidad de falsas víctimas, donde se halló que al menos ocho personas no habrían perdido la vida durante la toma paramilitar.
Por estos hechos, la Justicia Colombiana sentenció a 37 años de cárcel al general en retiro Jaime Humberto Uscátegui, por su presunta omisión ante el conocimiento de la incursión paramilitar.
Precisamente el hijo del oficial, José Jaime Uscátegui señaló por Radio Santa Fe que “en este caso de Mapiripán tenemos falsas víctimas que presentó el colectivo de abogados Jose Alvear Restrepo, por esas víctimas recibieron unas indemnizaciones millonarias, se habla de miles de millones de pesos, de los cuales el Colectivo se queda con un porcentaje muy importante, pero además de esto no solo tenemos falsas victimas en este caso sino falsos victimarios porque ellos necesitaban la cabeza de un militar condenado por estos hechos para justificar esas indemnizaciones millonarias y desafortunadamente se ensañaron con el general Uscátegui que nada tuvo que ver con la masacre”
Uscátegui aseguró por los 1070 a.m., que “lo importante en este momento es que se logró desenmascarar al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, estos son unos abogados que representan a las víctimas de todas las masacres en las que supuestamente hubo algún tipo participación de miembros de la Fuerza Pública, entonces ese es el trabajo de ellos, ellos se levantan todos los días, hoy seguramente están trabajando en esos temas y están mirando como presentar falsas victimas, como comprar testigos falsos, como influenciar y presionar a los jueces y a los fiscales para que condenen a militares, algunos con alguna responsabilidad, otros como el general Uscátegui que nada tuvieron que ver con esos hechos de Mapiripán”
Según había señalado la Fiscalía en su investigación, Uscátegui, el 17 de julio de 1997 obtuvo información en detalle proveniente de un subalterno suyo, según la cual un grupo de paramilitares había llegado a Mapiripán con la intención de cometer una masacre.
El ente acusador sostuvo que el general “no habría realizado ninguna acción positiva contando con los medios y el deber jurídico de hacerlo, en su calidad de comandante de la VII Brigada, dejando a los habitantes de Mapiripán a merced de un grupo de autodefensas ilegales”.
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