La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación en contra de 13 congresistas que habrían recibido una serie de prebendas por parte de una EPS, a cambio de no aprobar la modificación de la ley 100 en el año 2010.

La determinación fue tomada, debido a que el Alto Tribunal, consideró que no existen pruebas suficientes para abrir un proceso formal contra los senadores.

Según la Corte no se pudo demostrar que los congresistas tuvieran intereses económicos durante un viaje que realizaron a España, invitados por Coomeva, para participar en un seminario sobre temas relacionados con la salud.

Los congresistas beneficiados con la medida, quienes formaron parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes entre 2005 y 2006, son: Cesar Augusto Andrade Moreno, Héctor Arango Ángel, Juana de Dios Alfonso García, Pompilio Avendaño Lopera, Edgar Fandiño Cantillo, Pedro Antonio Jiménez Salazar, Héctor Alfonso Rodríguez García, Venus Albeiro Silva Gómez, Manuel enrique Rosero, Oscar Darío Pérez Pineda y María Isabel Urrutia, así como de los ex senadores Gabriel Ignacio Zapata y Luis Alfredo Ramos.