La Representante a la Cámara, Ángela Robledo, denunció nuevas irregularidades por parte de los operadores del ICBF, específicamente en el caso de las mujeres que los consorcios y uniones temporales “emplean” para “manipular” y distribuir alimentos.

Robledo dijo que pese a que los contratistas del ICBF están obligados por la ley a emplear personal con todas las garantías establecidas (afiliación y aportes a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar y parafiscales), muchas mujeres son explotadas por los consorcios y uniones temporales contratados para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), entre otros.

De acuerdo con denuncias recibidas por la parlamentaria, las empresas contratadas para desarrollar el PAE, programa que en 2010 tuvo una inversión de casi 500 millones de pesos y cubre a 4 millones de niñ@s en todo el país, no cumplen con las obligaciones de seguridad social y ni siquiera les pagan a las trabajadoras el salario mínimo establecido, también por la ley.

Angela Robledo aseguró que a pesar de las denuncias de las mujeres sobre los reiterados incumplimientos y la evasión de las obligaciones con el sistema de seguridad social y pagos de parafiscales, el ICBF ha realizado desembolsos a los operadores del PAE, contraviniendo las normas legales y los derechos de las trabajadoras.

Una muestra de cerca de 550 quejas recibidas por la legisladora provenientes de los departamentos de Putumayo, Cundinamarca, Santander, Nariño y Boyacá, evidencian la vulneración de derechos laborales y la explotación de las trabajadoras del PAE (2010-2011): “Encontramos quejas y derechos de petición de mujeres a las que les deben casi un año de trabajo, no tienen ningún tipo de prestación social, no reciben dotación, ni cuentan con capacitación, entre otras irregularidades”, dijo Angela Robledo.

Adicional a las quejas laborales muchas mujeres y comunidades deben también asumir costos por el transporte, aseo de los restaurantes y servicio de gas para la preparación de los alimentos.

Estos hechos han sido denunciados también por la Contraloría, que encontró, entre otros, los siguientes hallazgos: “(…) las manipuladoras no tienen contratos firmados, les adeudan pagos, no están afiliadas a la seguridad social, (…) no les han entregado dotación de uniformes (…)”.

La parlamentaria aseguró que es inaudito que el ICBF con presupuesto de casi 4 billones de pesos no cuente con los controles suficientes sobre sus operadores para evitar que hechos así sucedan.

A principios de noviembre Angela Robledo adelantó un debate de control político a la entonces Directora del ICBF, Elvira Forero, de quien aseguró sólo se ocupó de contratar y contratar, desconociendo la garantía de derechos de las poblaciones más pobres y vulnerables del país.

La parlamentaria ha insistido en que la concentración de recursos en la Dirección General del ICBF acarrea problemas de transparencia, aumenta los costos de transacción, favorece los monopolios, homogeniza la producción y la alimentación, y debilita el papel de las 33 regionales.

En el informe de agosto de este año sobre el ICBF la Procuraduría anotó: “No se entiende cómo el ICBF desde el 2006 contrata con los mismos operadores, no obstante que en los informes de interventoría se establecen reiterados incumplimientos que atentan contra su función misional”.

Las denuncias fueron presentadas por Ángela Robledo en una constancia ante la Plenaria de la Cámara de Representantes.