Doctora
VIVIANE MORALES HOYOS
Fiscal General de la Nación

Respetada doctora:

En torno a la polémica pública que se ha desatado sobre la relación del ex congresista Carlos Alonso Lucio con los grupos ilegales de autodefensas, durante la negociación de paz que dichos grupos sostuvieron con el Gobierno Nacional, tanto mi nombre como el de la Oficina a mi cargo durante la administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez, han sido mencionados. Para muestra un ejemplo. El día de ayer, 15 de diciembre, en su columna en el periódico El Tiempo titulada “Reflexión necesaria”, el ex Ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño Hoyos, afirma refiriéndose a los vínculos del Dr. Lucio con los paramilitares: “Y Lucio, por asesorar a algunos, bien identificables, tuvo que ser expulsado del recinto por el Comisionado de Paz”.

He sido requerido por algunos medios de comunicación para que me pronuncie sobre el tema. Aunque son hechos que no tienen especial reserva, siendo conocidos además por otras personas, he preferido mantenerme alejado del debate público. Dada sin embargo la importancia del asunto y la condición privilegiada en que me encontraba como Alto Comisionado para la Paz, tuve conocimiento de primera mano de sucesos, que considero debe conocer Usted de manera directa, sin mediaciones que puedan alterar el contenido de mi relato. Por tal motivo he decidido enviarle esta misiva a su Despacho, dando cuenta de lo sucedido.

Es sabido de manera pública que desempeñé el cargo de Alto Comisionado para la Paz durante la administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez, entre los años 2002 a 2009. Mientras adelantaba conversaciones de paz con los grupos de autodefensas en la Zona de Ubicación Temporal de Santa Fe Ralito, en Tierralta-Córdoba, tuve conocimiento durante el segundo semestre de 2004 de la asistencia del ex congresista Carlos Alonso Lucio a dicha zona, al parecer como asesor de este grupo ilegal. En algunas ocasiones, al llegar al aeropuerto de Montería, encontré estacionado un avión privado, que según me informaron, correspondía a la aeronave que trasportaba al señor Lucio hasta esa ciudad, desde donde se desplazaba al municipio de Tierralta.

Supe de la presencia del señor Lucio en Santa Fe Ralito por comentarios de terceros, y después por declaraciones suyas al periódico El Espectador, con referencia a sus actividades. Debo aclarar que en ningún momento fuimos informados de las intenciones del señor Lucio, ni solicitó autorización al Gobierno Nacional para adelantar labores de paz con grupos ilegales. No obstante, en sus declaraciones públicas al mencionado diario, daba a entender que el Gobierno estaba al tanto de sus gestiones. Asunto que me generó molestias, pues no era verdad.

A comienzos del mes de septiembre de 2004, al llegar a la Zona de Ubicación de Ralito a una reunión de rutina con las autodefensas, me encontré de sorpresa al señor Lucio conversando con algunos jefes de este grupo. De inmediato, y en presencia de todos, le recriminé sus declaraciones públicas y le pedí aclarar en qué condición se encontraba en la Zona de Ubicación Temporal, pues solo podía hacerlo como representante del Gobierno o como miembro de las autodefensas. Y era claro, que en este caso, no representaba al Gobierno Nacional. El señor Lucio omitió polemizar conmigo y se retiró sin dar debate, mientras yo ingresaba con algunos jefes de las autodefensas a la reunión de rutina.

La mencionada reunión, liderada por Salvatore Mancuso, se desarrolló en un ambiente tenso. Se trataron inicialmente temas sobre el funcionamiento de la zona, y yo hice de nuevo la pregunta sobre la presencia del señor Lucio allí, a lo cual respondió de manera airada el señor Salvatore Mancuso, argumentando que ellos tenían libertad para invitar a quien quisieran. Fue entonces cuando en un momento acalorado y en señal de autoridad, di un golpe sobre la mesa recriminándole su postura. La sesión estaba siendo grabada clandestinamente por las autodefensas y pocos días después, esa parte de la reunión, editada por ellos para esconder los motivos del debate, fue filtrada a los medios de comunicación, que repitieron varias veces, en sus emisiones de radio y televisión, mi voz airada y el golpe sobre la mesa. A partir de este episodio, el señor Mancuso se negó a reunirse de nuevo conmigo y emprendió acciones para tratar de sacarme de la mesa de diálogo, las cuales no tuvieron éxito por el apoyo que entonces me dio el señor Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez.

Volví a saber del señor Lucio semanas después, cuando me pidió una cita en la ciudad de Bogotá para conversar personalmente. Dada la tensión que se vivía dentro del proceso con las autodefensas y como un gesto de apertura por parte del Comisionado de Paz, acepté escucharlo. En dicha reunión me planteó, entre otras cosas, que le diera autorización para llevar a algunos jefes de las autodefensas a un encuentro con autoridades venezolanas, lo cual me pareció insólito. Argumentaba interés de dichas autoridades en el proceso y un posible apoyo económico de parte del gobierno de dicho país a la reinserción. Me negué a aceptar sus propuestas, por considerarlas inconvenientes e irrealizables.

Días después, en noviembre de 2004, mientras me encontraba en el aeropuerto de Villavicencio en tránsito hacia una zona rural de los llanos orientales para adelantar labores relacionadas con mi cargo, recibí a través del conmutador de Presidencia una llamada del señor Lucio, pidiéndome que lo acompañara a un viaje que realizaríamos en fecha cercana a la República de Libia, para un encuentro del Presidente venezolano Hugo Chávez con el señor Gadafi. Me dijo que Gadafi estaba dispuesto a darnos 100.000 dólares de apoyo al proceso de paz. Me pareció tan insólita, y a decir verdad, delirante, su propuesta, que me negué de manera rotunda, recordándole que yo era el Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia. La conversación terminó con reproches de su parte, diciéndome que con mi actitud no contribuía a que el proceso avanzara.

A comienzos del año 2005, en reunión que sostuvimos en mi oficina, en donde lo recibí nuevamente para dar muestras a las autodefensas de mi apertura al diálogo, me planteó que estaba en condiciones de poner en marcha unos proyectos productivos en el Departamento del Vichada, teniendo como recurso humano a los miembros de un grupo de autodefensas, que bajo el mando de alias “Macaco”, se iban a desmovilizar en dicha zona. Nuevamente habló de acuerdos con sectores venezolanos para asegurar el montaje de los proyectos y la comercialización de los productos. Dadas las dificultades que ya se hacían patentes por los rumores sobre una compra masiva de tierras en ese departamento por parte del mencionado jefe de las autodefensas, y las limitaciones que tenía el montaje de un proyecto productivo con personas que venían de hacer parte de un grupo ilegal sin que mediara el proceso de justicia y paz, le dije que no podía aceptar dicha propuesta. Fue la última vez que vi al señor Lucio, con quien no he vuelto a tener contacto hasta el día de hoy.

Quiero comentarle, sin embargo, dos hechos adicionales, que tienen relación con lo ya descrito. En primer lugar, supe después que algunos miembros de las autodefensas se habrían trasladado, sin conocimiento por parte del Gobierno colombiano, a territorio venezolano, para mantener una reunión con funcionarios de ese país, encabezados por el director de la DISIP –policía secreta– de la nación vecina. Que al parecer, mantenían contacto con ellos. E incluso, se me informó de la presencia de un delegado del gobierno de Libia en la zona de Ralito, encargado de hablar con miembros de las autodefensas, hecho que, de haber sucedido, aconteció sin nuestra autorización.

A comienzos del año 2006, ya desmovilizadas buena parte de las autodefensas, algunos jefes de dichos grupos me plantearon que habían recibido invitación de las autoridades venezolanas para viajar a su territorio, pero que dada su nueva condición de desmovilizados querían hacerlo con nuestra autorización, por lo que me pidieron consultar al más alto nivel. Les respondí que tal encuentro era inconveniente y que se abstuvieran de hacerlo. Supe sin embargo por ellos mismos, que sin esperar autorización nuestra, dicha reunión se habría realizado.

En segundo lugar, quiero comentar un episodio anterior a mi desempeño como Alto Comisionado para la Paz, que explica en parte mi desconfianza hacia las actividades del señor Lucio, no obstante que nunca dejé de mantener una relación formal con él, como figura pública que era, y en una ocasión, incluso, tuve oportunidad de compartir fugazmente con él y Usted en cercanías al parque El Virrey, donde los encontré en un recorrido peatonal un día de descanso.

Se trata de un acontecimiento sucedido durante la administración del Presidente Ernesto Samper. Es conocida mi postura pública, sostenida desde hace varios años y argumentada en libros, artículos académicos y entrevistas, a favor de la despenalización del uso de drogas y la búsqueda de una alternativa diferente a la criminalización para el consumo de psicoactivos. Por tal motivo, y en compañía de otros investigadores y académicos, fui contactado por el Representante Carlos Alonso Lucio, con el propósito de conformar un Comité que mostrara al país los daños colaterales que ocasiona el prohibicionismo. Se planteó incluso escribir y publicar un manifiesto, convocando a muchos sectores para que se vincularan a una acción que permitiera sacar a nuestro país de la encrucijada a la que lo conducía la denominada “guerra contra las drogas”.

Estábamos en las conversaciones iniciales para definir nuestro modo de acción, cuando supe por los medios de comunicación que el señor Lucio se encontraba reunido en una cárcel de Bogotá con uno de los hermanos Rodríguez Orejuela, cuando este había sufrido un infarto cardíaco que obligó a su traslado a un centro hospitalario. Molesto por la noticia, le recriminé dos días después, cuando pude hablar con él, pues no tenía presentación que él sostuviera este tipo de relaciones cuando estábamos a punto de hacer una convocatoria pública en torno a un manifiesto favorable a la despenalización de las drogas. Me respondió igualmente molesto, diciéndome con cierto desparpajo, que de donde creía que iba a sacar el dinero para la campaña que adelantaríamos, sino de ellos.

Dado que estábamos a pocos días de publicar en la prensa nacional un manifiesto, en cuya elaboración había contribuido, le dije que no podía acompañarlo como miembro del Comité, y sugerí a otras personas que hacían parte de ese organismo que nos retiráramos. En efecto, así sucedió. El señor Lucio publicó el manifiesto solo con su nombre, liderando a partir de ese momento una campaña nacional, de cuyo desarrollo no tuve ningún conocimiento adicional.

Espero señora Fiscal que estos hechos, relatados de manera objetiva, sean de su interés, dada la Institución que regenta. Por mi parte, no me corresponde valorar si se ajustan o no a la ley, o si se trata de acciones por la paz o tenían otros propósitos. En torno a ellos siempre he mantenido discreción, pues tengo claro que no es de mi competencia juzgar las acciones de los ciudadanos. Si ese fuera el caso, son otras las instancias a las que corresponde hacerlo.