Un extenso informe presentado por la Procuraduría General de la Nación mostró cómo las entidades estatales y las instituciones de educación superior públicas celebran entre ellas contratos interadministrativos desconociendo el ordenamiento jurídico vigente.

Por este motivo, el organismo de control trasladó a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República, el informe final de la actuación preventiva que adelantó sobre el cumplimiento de convenios y contratos interadministrativos por parte de las entidades estatales con las universidades estatales u oficiales.

Entre las irregularidades que el Ministerio Público encontró como resultado de la verificación de 20 contratos interadministrativos que suman más de $17.277’236.797, suscritos durante la vigencia 2010 por 10 universidades públicas seleccionadas, están:

De igual manera, el informe advierte que las universidades terminan ejecutando tareas tan disímiles como instalación de sistemas semafóricos en el municipio de Soacha, actividades recreacionales en Melgar para 10.000 adultos mayores de la localidad de Kennedy, desarrollo e instalación de un sistema de seguridad para Ciudad Bolívar, dotación institucional para programa de bilingüismo de Mosquera, estudios técnicos de las obras para la ampliación de la avenida Santander y Bocagrande en la ciudad de Cartagena, conceptualización y desarrollo de una estrategia de marca para el sistema integrado de Transporte Público de Bogotá, diseños paisajísticos de las reservas hídricas de lagunas de Cundinamarca, mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos de comerciantes, empresarios y unidades residenciales de Usaquén, elaboración de mapas digitales de ruido ambiental, etc.

Como es natural, al no contar las universidades con la experiencia para ejecutar tan diversos objetos contractuales, terminan subcontratando directamente con empresas privadas su ejecución, situación igualmente criticada por la Procuraduría, ya que podía estar acudiéndose a los contratos interadministrativos para burlar los procesos de selección objetiva establecidos en el Estatuto Contractual, tales como licitación pública o concurso de méritos.

La alarmante situación provocó la expedición de una directiva por parte del procurador general de la Nación, en la cual se insta a los representantes legales de las entidades estatales sometidas al Estatuto General de la Contratación a dar cumplimiento a las reglas para la celebración de convenios y contratos interadministrativos.