Con estupor y sorpresa los colombianos observamos y sufrimos en carne propia la forma improvisada y abusiva en que el Gobierno de Uribe intervino, de tajo, a las denominadas PIRAMIDES: DMG, DRFE, Costa Caribe, entre otras, en los meses de noviembre y diciembre de 2008.

Hoy, tres años después, los resultados de la liquidación de los bienes decomisados no pueden ser mas deplorables: devoluciones paupérrimas a las victimas, consistentes en pagos en efectivo que no superan el medio millon de pesos, y adjudicaciones pro indiviso en bienes muebles e inmuebles, a razon de $22.000 (DRFE) QUEDANDO CON LA OBLIGACION DE PAGAR IMPUESTOS, si aceptan la adjudicacion, tal como lo advierte la dra. Grijalba, liquidadora de Proyecciones DRFE. Por miserables $22.000 no creo que una persona en su sano juicio se exponga a un proceso de jurisdiccion coactiva, a sabiendas que es propietario entre once mil personas, por ejemplo, de una casa ubicada en el barrio Fatima de Pasto, en donde funcionaba una sede del DRFE.

EL CASO DAVID MURCIA GUZMAN.

Igual situación ocurrió con los bienes decomisados a David Murcia Guzman, propietario de DMG: se adjudicaron entre miles de afectados, en lugar de proceder a su remate. Y no solo esto, nadie ha explicado el porque durante tres años el dinero decomisado a DRFE y DMG no ha generado intereses, por parte del BANCO AGRARIO, entidad designada para su custodia, entidad que ha recibido innegables beneficios al disponer libremente de miles de millones de pesos, los cuales obviamente no estaban en fiducia. Porque no se contabilizan dichos intereses? Porque los decretos de intervencion no hablaron sobre ese punto? Porque no se cumplieron las promesas del Presidente Uribe, en el sentido de establecer creditos blandos para las victimas, no cobrar seis meses de servicios publicos y rebajar impuestos?

En este sentido, nada hemos ganado con condenar a 30 años a David Murcia Guzmán, y su extradicion a los Estados Unidos: en que ha beneficiado lo anterior a las victimas, en nada?

LA JUSTICIA DEBE ACTUAR

Ahora, la JUSTICIA tiene la palabra, configurado como se encuentra el daño antijuridico, al no garantizarse devolución alguna adicional a las victimas del accionar estatal, quienes confiaron en la actuación de las autoridades, quienes por varios años permitieron el funcionamiento de las sedes de las captadoras, los inscribieron en Cámara de Comercio y les cobraron impuestos, lo cual suponía su legalidad.

No es que la gente se haya llenado de ambición, por los altos rendimientos ofrecidos, o que sean personas ingenuas. No. La realidad es que el Estado falló y en toda la dimensión que implica este termino. Ahora corresponde a la Jurisdicción de lo contencioso administrativo definir el grado de su responsabilidad.

QUE HACER ANTE ESTA SITUACIÓN.

La respuesta no puede ser mas obvia. Las personas afectadas, que se calculan en alrededor de un millón en todo el país, tienen la opción de integrarse en forma masiva a las demandas de grupo en curso. No significa, naturalmente, que los resultados positivos se puedan garantizar por anticipado. Son pleitos y como tal sujetos a criterios judiciales y recursos. Lo que hemos hecho, por lo menos en nuestro caso, es un estudio jurídico muy serio, en orden a brindar un servicio de calidad, todo en desarrollo del primer mandamiento del Abogado: ESTUDIA. El Derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando.

LAS PERSONAS QUE REQUIERAN MAYOR INFORMACIÓN PUEDEN CONTACTARNOS EN NUESTRO PAGINA www.fundacionjuridicapopulardecolombia.blogspotcom o al correo: fundacionjuridicapopular@gmail.com

Por: LUIS CARLOS ESPAÑA GOMEZ