Según lo confirmó la Superintendencia de Notariado Y Registro, en el multimillonario despojo de tierras que ha sido víctima el país a causa del conflicto armado, se ha evidenciado la injerencia de ex funcionarios, las Farc y hasta la captadora DMG.

Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado, señaló que se investigan el otrogamiento de tierras en epocas electorales, en los cuales los beneficiados vendieron los terrenos, al no presentar los requerimientos de ley.

Según lo publicó hoy el diario El Tiempo, por estos hechos se solicitó investigación contra funcionarios de las alcaldías salientes de San Luis y San Francisco, Antioquia.

El Funcionario dijo que el Gobierno indaga la presunta responsabilidad de las Farc del despojo de cientos de títulos de propiedad en la región del Catatumbo, frontera con Venezuela.

Vélez señaló que también se investiga la participación de la captadora ilegal DMG, en el negocio irregular de una gigantezca hacienda en Sopó (Cundinamarca).

Por su parte, el Presidente Juan Manuel Santos Calderón dio a conocer el cuarto informe de la Superintendencia de Notariado y Registro, el cual señala que más de 700 mil hectáreas de tierra han sido robadas al Estado o a los campesinos, por la vía de los trucos legales y procedimentales, o haciendo fraude.

“Solamente esa Superintendencia, con una investigación que ha venido haciendo muy minuciosa y que merece todo el aplauso de los colombianos, ya ha detectado más de 700 mil hectáreas que se han robado o bien al Estado o bien a los campesinos por vía de trucos legales, de trucos procedimentales, haciendo fraude; como dicen, corriendo la cerca, no solamente en el terreno sino también allá en la notaría”, sostuvo el Mandatario.

Así lo manifestó el Mandatario durante la inauguración de la Unidad de Restitución de Tierras en Córdoba, donde fueron entregadas las primeras 2.700 hectareas a víctimas del conflicto armado en ese departamento.

Destacó que se están buscando muchas más hectáreas de tierra robadas, y que hay indicios de que se van a encontrar muchas que han sido usurpadas ilegalmente o bien al Estado y a los campesinos.