El procurador general, Alejandro Ordoñez Maldonado, señaló hoy que el formulario que el Gobierno Nacional diseño para adelantar la restitución de tierras «es complejo y tiene fallas».

Según lo señaló Ordoñez Maldonado, el formulario para el registro único de víctimas “presenta inconsistencias que constituyen un cuello de botella para el registro de las víctimas si no se toman los correctivos apropiados”, y criticó que el documento “es complejo de diligenciar, que requiere de las víctimas información que no es indispensable”.

El jefe del Ministerio público, aseguró que “El diligenciamiento de dicho formulario demanda aproximadamente entre una hora y media y dos horas, en promedio se elaboran cuatro al día, lo que retrasa la labor de registro de las víctimas”.

Alejandro Ordóñez consideró que es esencial que el formulario esté disponible en todos los municipios del país y es necesario que se evalúe la posibilidad de acceder a éste a través de un sitio Web del que pudiera descargarse para su diligenciamiento, preservando las normas propias de los sistemas de seguridad, así como una dirección física donde puedan enviare los formularios diligenciados en el tiempo que establece la ley.

El Ministerio Público consideró necesario que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Agencia Nacional de Protección cuenten con el personal suficiente para cumplir su gestión, la cual reviste vital importancia ante las amenazas, hostigamientos, e incluso, asesinatos a víctimas y líderes de organizaciones de víctimas que se vienen presentando. Sin duda alguna, de la protección que se brinde a las víctimas y sus representantes, dependerá el éxito o fracaso de la Ley.

Finalmente, la Procuraduría destacó la necesidad de reglamentar lo concerniente a la manera como deben elegirse los representantes de las organizaciones de víctimas para que consecuentemente se instale la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, entidad que deberá rendir un informe al Congreso de la República dentro del mes siguiente al inicio de cada legislatura.