El Consejo de Estado mantuvo la investidura del senador Mauricio Lizcano, acusado del delito del tráfico de influencias.

El alto tribunal dijo que no existían argumentos ni pruebas suficientes que señalan a Lizcano de haber presuntamente postulado a un candidato para el cargo de la Coordinación de Derechos Humanos del Senado.

Ya la procuraduría había solicitado la absolución del congresista, manifestando que no se evidenciaba cómo el dirigente podía sacar provecho de ese nombramiento.

El demandante pretendía que el senador caldense fuera inhabilitado de por vida para ejercer cargos de elección popular.