El Consejo de Estado evalúa una demanda de pérdida de investidura contra el alcalde mayor, Gustavo Petro, que señala que presuntamente el burgomaestre estaría inhabilitado debido a que fue procesado y condenado por el delito de porte ilegal de armas.

Aunque la demanda se interpuso en calidad de senador de la República, el Alto Tribunal estudia si los efectos de la acción judicial podría afectar su elección y posterior posesión como mandatario de Bogotá.

Según la demanda, Petro enfrentó dos procesos penales, el primero en el año 1985, por violación del artículo 201 del Código Penal, incorporado en el titulo relativo a los delitos contra la seguridad pública y al capítulo los delitos de peligro; en ese proceso fue condenado y cumplió la pena.

Petro ha argumentado que fue capturado como perseguido político, cuando militó en el M19, y los delitos que cometió fueron cobijados con una amnistía gubernamental.

En los próximos días el Consejo de Estado llamará a pruebas para determinar si hay o no inhabilidad por parte de Gustavo Petro Urrego.