La audiencia en la que se pretendía definir cárcel para el contratista Julio Gómez, fue aplazada por cuarta oportunidad. La diligencia judicial no se pudo realizar debido a que el contratista, investigado por su presunta responsabilidad en el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, no se presentó.

La Fiscalía le imputó a Gómez los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.

El pasado 9 de noviembre, la Procuraduría envió a la Fiscalía una carta solicitando la detención del empresario, ya que para el Ministerio Público el empresario habría participado en irregularidades en el manejo de los dineros destinados a la fase III de Transmilenio, lo que lo convierte en un peligro para la sociedad.

“A Héctor Julio Gómez se le imputó el delito de concierto para delinquir, lo que demostraría razonablemente que hace parte de una organización criminal que se concertó para desfalcar las arcas del Distrito capital a través de la contratación ilegal” señala la misiva enviada al fiscal tercero delegado ante la Corte, Ricardo González.

La Procuraduría señaló que Gómez es un “peligro para la sociedad, la no imposición de una medida de aseguramiento contra él, implicaría un desconocimiento de las normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal. Por lo cual la Procuraduría tiene como finalidad la protección del patrimonio público”.