El Ente de Control señala como presuntos responsables al entonces presidente de la ETB, Fernando Carrizosa y a Samuel Moreno Rojas, en el pago irregular de prestaciones sociales y bonificaciones a trabajadores de la empresa.

El hallazgo fiscal encontró que 162 trabajadores que en la época del Plan de Retiro Voluntario (PRV) devengaban salario integral con contrato a término indefinido, les fueron liquidados de forma irregular las prestaciones sociales. Evidenciando un detrimento por $1.816.992.723.

De estos 162 trabajadores vinculados con contrato a término indefinido, 37 de ellos se retiraron de la entidad posteriormente a la fecha del 30 de septiembre de 2010, incumpliendo lo dispuesto por la Junta Directiva de la ETB, quienes aprobaron que: “Todos los contratos laborales de quienes se acojan al PRV terminarán por mutuo acuerdo el día 30 de septiembre de 2010), hecho que evidencia una gestión antieconómica y constituye un detrimento por $6.784.029.101.

La Contraloría señala que los presuntos responsables de los hechos evidenciados son: en primer lugar, el presidente de la ETB para la época del PVR, Fernando Carrizosa Rasch-Isla, quien fue el encargado de estructurar e implementar el PVR vigencia 2010. Los integrantes de la Junta Directiva de la ETB que aprobaron mediante acta del 26 de julio de 2010 dicho Plan, así: Principales: Samuel Moreno Rojas, Héctor Zambrano Rodríguez, Eduardo Pizano de Narváez, Mauricio Amador Andrade y Jorge Humberto Botero Ángulo; Suplentes: Carolina Valencia Márquez, María Camila Uribe Sánchez, Ricardo Sala Gaitán, Luis Fernando Restrepo Jaramillo y Jorge Hernán Cárdenas Santamaría.

Luego de concluir la auditoría a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) para la vigencia fiscal de 2010, en la cual se examinó el Plan de Retiro Voluntario realizado a partir del 9 de septiembre de 2010 a 775 funcionarios; la Contraloría de Bogotá evidenció que el pago total de lo no debido (prestaciones sociales de trabajadores con salario integral, más bonificaciones no salariales o extralegales y los bonos de libre destinación) constituyó en un detrimento al erario distrital de 64.857.111.455.

El contralor de Bogotá, Mario Solano Calderón, anunció que dará traslado de las diligencias de indagación preliminar que realizó el Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización –GAF- a la Fiscalía General de la Nación y a la Personería de Bogotá. De igual manera remitirá a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para que dé curso al proceso.

De los 162, 125 se retiraron de la entidad con anterioridad a la fecha 30 de septiembre de 2010 pero por el “pago de bonificaciones no salariales o extralegales” se evidencia un daño fiscal por $17.308.272.453.

La gestión antieconómica en el pago de “bonificaciones no salariales o extralegales” se extendió a los 613 trabajadores amparados con la convención colectiva de trabajo, lo cual generó un detrimento por 34.282.495.428.

En total el pago de lo no debido por el concepto de “Bonificaciones no salariales o extralegales ascendió a la suma de $58.374.796.982.