El próximo lunes se definirá la medida de aseguramiento contra el excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. Así lo determinó la juez Susana Rodríguez luego de 10 horas de audiencia en la que ya se imputaron cargos a Restrepo, quedando pendientes los otros seis involucrados que asistieron.

Los delitos imputados fueron peculado por apropiación, fraude procesal, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las FF.MM.

Mientras tanto, la Fiscalía programará una nueva audiencia de imputación de cargos, a las otras cinco personas que no asistieron a la audiencia, que son el coronel Hugo Castellanos, Hugo Alberto Rojas Yepes, y los hermanos de alias ‘Olivo Saldaña’, Álvaro y Marta Rocío Agudelo Medina

Falsas desmovilizaciones fueron un montaje con fines económicos: Fiscalía
El fiscal anticorrupción, Francisco Javier Villarreal, manifestó durante la audiencia de imputación de cargos contra el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, que la desmovilización del Bloque Cacique La Gaitana, fue una farsa que envolvía fines económicos, políticos y sociales y que el exfuncionario estuvo al tanto de las irregularidades.

De acuerdo al fiscal, la desmovilización fue un montaje, en el que se concertaron guerrilleros, falsos subversivos, militares y el ex comisionado Luis Carlos Restrepo, quien buscaba demostrar resultados del proceso de reintegración del Gobierno con los grupos armados ilegales.

Dijo además, que para este ‘montaje’ también se prestaron los coroneles Jaime Joaquín Ariza y Hugo Castellanos, además del guerrillero desmovilizado de las Farc, Raúl Agudelo, alias ‘Olivo Saldaña’.

Calificó estas irregularidades como una “empresa criminal”, que buscaba beneficios jurídicos y económicos a las personas que presuntamente habían abandonado las armas.

“Si a mí me preguntan, yo titularía: ‘La paz, el gran negocio del siglo XXI’. Puesto que aquí pudimos observar que la paz quedó pisoteada por personas inescrupulosas”, precisó el fiscal.

En dos años, según la Fiscalía, los falsos desmovilizados recibieron de parte del Estado una suma superior a los 1.337 millones.