El Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se mostró partidario de que sea la Contraloría General de la República la que escoja los nombres de las ternas de las cuales las asambleas y concejos deben elegir a los contralores regionales y municipales. Así lo dio a conocer durante el Seminario de Capacitación e Inducción a los Nuevos Contralores Territoriales, que se realizó, en horas de la mañana, en el Archivo Distrital de Bogotá.
“Existe la percepción de que las coaliciones mayoritarias que proceden a su elección, siempre inducidas por los gobernadores y alcaldes, hace que, en términos generales, ese control que Ustedes desempeñan no esté a la altura de sus responsabilidades”, manifestó Vargas Lleras ante los casi 60 asistentes a este encuentro académico.
En su intervención durante el evento, el Ministro del Interior dijo, además, que la manera como se asignan los contralores “en donde las personas que Ustedes han de vigilar proceden a su propia elección hace que, sobre el ejercicio de las Contralorías, se cierna un manto de duda”, como es el caso de la gran mayoría de ternas que han sido elegidas en los últimos meses.
En el Seminario, que contó con la presencia de los nuevos contralores regionales y municipales, el jefe de la cartera política destacó la importancia del Estatuto Anticorrupción en el desarrollo de sus funciones como examinadores del gasto público. “Se trata de un verdadero arsenal con más de 140 instrumentos para luchar contra el flagelo en todos los frentes, y destaco, en primer lugar, a los que se refieren al control fiscal, a través de los cuales quisimos fortalecer los órganos de control, brindarles las herramientas jurídicas y técnicas para adelantar óptimamente su función”.
Entre ellos, resaltó la creación, en el Estatuto Anticorrupción, del proceso verbal de responsabilidad fiscal, en procura de una mayor eficiencia, y explicó que este procedimiento será aplicable cuando se demuestre el daño o detrimento al patrimonio económico del Estado.
De igual manera, hizo referencia a la incorporación de dos importantes medidas para impedir la dilación injustificada de los procesos: el Estatuto Anticorrupción crea la presunción de desistimiento y archivo de las peticiones pendientes, en aquellos casos de ausencia injustificada del responsable fiscal y permite declarar desiertos los recursos en caso de inasistencia a la sesión en la que deban sustentarse.
