El Pentágono arranca hoy el consejo de guerra que juzgará al soldado Bradley Manning, acusado de filtrar al portal Wikileaks 700.000 documentos clasificados de las guerras de Afganistán y de Irak, del Departamento de Estado y del centro de detención de Guantánamo.

Después de una investigación judicial, el Ejército norteamericano decidió que las pruebas que obran en su poder justificaban la apertura de la causa judicial, mientras que la fiscalía militar presentó un total de 22 cargos contra el militar.

El cargo más grave que enfrenta Manning, es el de asistencia al enemigo o alta traición, que podría generar una pena de muerte, aunque el Pentágono advirtió que no pedirá esa condena, sino la cadena perpetua sin condicional.

En la vista preliminar de diciembre, el capitán al cargo del equipo de fiscales, Ashden Fein, aportó pruebas que incriminan directamente a Manning, y que le atribuyen la autoría del robo de la información de las redes militares SIPRNet y CIDNE. También trazó una relación directa, entablada a través de Internet, entre el soldado ahora sometido a juicio y el fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, que publicó, en diversas tandas, los documentos clasificados de EE UU.

El Pentágono justificó el cargo de alta traición alegando que los documentos de Wikileaks habían acabado en diversos informes propagandísticos elaborados por el grupo terrorista Al Qaeda, destinados a fomentar los ataques contra EE UU. “El soldado Manning, como analista de inteligencia, traicionó a sus superiores y a su país, mientras estaba de servicio y en el campo de batalla”, dijo Fein al cierre de la vista preliminar.

La defensa, por su parte, liderada por el abogado civil David E. Coombs pidió la combinación de los cargos en tres, y una pena máxima de 30 años, algo que el Ejército rechazó. La estrategia de los abogados de Manning fue retratar a su cliente como una persona con graves problemas psicológicos, atormentada por una transexualidad latente, ignorado o maltratado por sus compañeros de filas y sus superiores.

Bajo una ley en vigor hasta septiembre, Manning debería haber sido expulsado del Ejército si sus superiores hubieran sabido de su homosexualidad. La transexualidad aun es motivo de expulsión de filas.

El abogado Coombs también trató de inmiscuir en el caso a los dirigentes políticos de la nación. “Los actos de mi cliente son los de un joven idealista de 22 años, con grandes convicciones morales, en su veintena, que creía que podía cambiar el mundo, hacer algo de provecho, marcar una diferencia. Creyó en un presidente [Barack Obama] que decía aquello de ‘sí se puede’ [su lema electoral en 2008], y creyó que al hacer cosas buenas obtendría reacciones positivas”, dijo el abogado en los alegatos finales de la vista preliminar.

Manning solicitó inicialmente que testificaran en su defensa 38 personas, entre ellas algunos altos cargos de la Administración de Barack Obama. El magistrado al cargo de la vista previa, Paul Almanza, los rechazó a todos menos a cuatro. La fiscalía militar pudo presentar a 20, con los que construyó su caso y sobre cuyos testimonios acusó a Manning de traidor. Algunos de ellos, como el sargento mayor Paul Adkins, responsable directo del soldado en Irak, se negaron a declarar en aquella investigación preliminar, para no incriminarse. Ahora, en el juicio formal, pueden ser obligados a declarar.

Manning fue arrestado en Irak en mayo de 2010, después de que le delatara Adrian Lamo, un ‘hacker’ norteamericano con el que contactó a través de Internet. Al ser trasladado a EE UU fue retenido en una cárcel en la base militar de Quantico, en Virginia, donde se le colocó en régimen de prevención de suicidio. En abril fue trasladado a Fort Leavenworth, en Kansas, donde se halla la única prisión de máxima seguridad del Pentágono y donde podría pasar el resto de sus días si es condenado.

Santa Fe con agencias