En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de diez meses al exalcalde de San José de Cúcuta, Norte de Santander, Ramiro Suárez Corzo, y de seis meses para 16 concejales de la misma ciudad entre los que se involucra el actual gobernador de dicho departamento, por haber creado una corporación sin ánimo de lucro de carácter municipal y haber comprometido para el cumplimiento del objeto social de la misma, cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000=) provenientes del sistema de contribución por valorización, dando a estos recursos una destinación diferente a la establecida en la Constitución y la Ley.

Los entonces concejales disciplinados son Blanca Cruz González, Lyda Jazmín Ardila Ardila, Vicente García Granados, Jorge Iván Cáceres García, Rodolfo Torres Castellanos, Nelly Amparo Pérez Toro, Eduardo Salim Chaín Rueda, Alfredo Duarte Gómez, Juan Carlos García Gómez, Luis Eduardo Guevara Jaimes, Hugo Francisco Márquez Peñaranda, Juan Manuel Morelli Santaella, William Abel Ovallos Pacheco, María Margarita Silva de Uribe, Víctor Fidel Suárez Vergel y Édgar Jesús Díaz Contreras, este último, actual gobernador del departamento nortesantandereano.

A Suárez Corzo se le reprocha que en su condición de alcalde municipal se extralimitó en sus funciones al inducir al Concejo para que autorizara la constitución y participación económica en la “Corporación Parques de Cúcuta” al presentar el proyecto, el cual fue aprobado el 2 de noviembre de 2006 mediante Acuerdo Municipal 031. En este mismo acuerdo se autorizó el aporte a la nueva corporación, de los cuatro mil millones de pesos provenientes del recaudo por valorización, destinándolos indebidamente, desconociendo el ordenamiento jurídico.

Por su parte, a los concejales se les sanciona por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones al aprobar el proyecto de creación de la nueva corporación presentado por el burgomaestre local y haberle concedido las facultades requeridas para entregar recursos públicos para la constitución de la misma.