La Oficina de la Alta Representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alertó por el crecimiento de los grupos paramilitares en Colombia y el número de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’.

El representante Todd Howland, dijo este lunes en Bogotá donde presentó el informe anual sobre los Derechos Humanos en el país, que aún queda camino por recorrer, pese a los avances en protección durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Por esta razón, pidió protección para los beneficiarios de la Ley de Víctimas, los cuales están siendo acosados por la persecución de grupos paramilitares, de los cuales dijo, han ido aumentando.

El representante también pidió al Gobierno protección para los beneficiarios, acosados por la persecución y las amenazas en el proceso de restitución de tierras.

El organismo, además, advirtió que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, tiene “vacíos”, aunque reconoció que la norma “es un avance en el desarrollo de un concepto integral de reparación”.

Entre las fallas detectadas por la ONU y dadas a conocer en un informe este lunes, están “la exclusión de las víctimas de miembros de grupos armados ilegales (…) o de niñas y niños víctimas del reclutamiento que no se hayan separado del grupo armado ilegal antes de cumplir 18 años”.

Según el organismo, el Gobierno debe “asegurar la protección de todos los actores involucrados, incluidos las y los funcionarios del Estado, en particular jueces”.

Para Todd Howland “el riesgo y vulnerabilidad de los líderes en procesos de restitución de tierras son extremadamente altos, habida cuenta de los intereses criminales de los predios objeto de la restitución”.

Agrega que “los asesinatos cometidos en 2011, sumados a los registrados en 2010, y las amenazas y agresiones, dan cuenta del peligro y de la especial conflictividad que existe en torno a la tierra”.

Por eso, la ONU señaló que “asegurar la vida y la integridad de los reclamantes de tierra y sus representantes debe ser una prioridad de las autoridades”.