La ONG, Programa Somos Defensores, señaló hoy que durante el año 2011 se registró el asesinato de al menos 49 defensores de Derechos Humanos en Colombia, y advirtió que el año anterior «fue de contrates… un año contradictorio», teniendo en cuenta la iniciativa del Gobierno de aprobar la llamada Ley de Víctimas.

El Programa Somos Defensores en su informe anual resaltó que «Mientras en Bogotá las normas se discuten y promulgan, las regiones se desangran producto de los asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias, atentados y desapariciones contra defensores».

Según la organización, mientras en 2010 fueron asesinados en todo el país 32 activistas, el año pasado los asesinados fueron 49 y en el caso de las amenazas también subieron de 109 a 140.

De los 32 departamentos del país, el primer lugar con 17 asesinatos lo ocupó Antioquia, una región al noroeste del país y tradicionalmente eje del accionar de grupos armados ilegales.

La mayoría de los asesinatos en 2011 fueron de líderes indígenas y comunidades campesinas.

El Programa dijo además que aunque se desconoce a los autores de la mayoría de los asesinatos de activistas, por los menos 13 de esos crímenes en 2011 fueron cometidos por nuevos grupos criminales integrados por ex paramilitares y narcos, mientras cinco fueron atribuidos a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Una de las razones para el incremento de muertes de 2010 a 2011, dijo el Programa Somos Defensores, es que los actores ilegales están atacando principalmente a los defensores de la población desplazada y que busca la aplicación de la llamada ley de víctimas y restitución de tierras despojadas, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos en junio de 2011.

Aunque el gobierno de Santos reactivó en agosto el diálogo con comités regionales de defensores y asegura que su administración brinda protección a cientos de activistas, el Programa destacó que tal protección es insuficiente.

El presidente Santos tiene uno de sus mayores retos en la aplicación efectiva de la ley de víctimas y de restitución de tierras porque la norma busca reparar a cuatro millones de personas –lo cual requerirá a lo largo de una década unos 26.300 millones de dólares– y devolver sus lotes de tierra a miles de familias evacuadas por los ilegales, un despojo que es tradicionalmente descrito como una de las causas del conflicto armado interno.

Santa Fe con AP