La Corte Suprema de Argentina estableció hoy por consenso que los abortos que se realicen por mujeres que hayan sido violadas no serán castigados, ni serán sometidos a un trámite judicial para su realización.

En el fallo la Corte confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Chubut, la cual en marzo de 2010 absolvió un aborto realizado por una joven de 15 años que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro.

La Iglesia Católica mostró su asombro por el decreto, y recalcó que “no existe motivo que justifique la eliminación de una vida inocente”.

El Centro de Información Judicial (CIJ), afirmó que los jueces supremos en la sentencia indicaron que la Constitución argentina y los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la realización de abortos en caso de violación sino que, por el contrario, impiden castigarlos.

Según la resolución, los médicos en ningún caso deberán pedir una autorización judicial para poder efectuar el aborto, deberán realizarlos únicamente con el testimonio de la víctima o su representante legal, el cual promulgue que se trato de una violación.

La sentencia también establece que los jueces “tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico”.

Con la finalidad de cumplir lo que se decidió y asegurar los derechos de las víctimas de violencia sexual, los miembros de la Corte hicieron un llamado a las autoridades para que se implementaran “protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles”

La Iglesia manifestó que “el aborto nunca es la solución” y además que cuando una mujer se encuentra embarazada ya no se habla de una vida sino de dos, “y ambas deben ser preservadas y respetadas porque el derecho a la vida es el derecho humano fundamental”.

Sin embargo el aborto está prohibido por las leyes de Argentina, exceptuando los casos no castigables que están establecidos en el Código Penal, según cifras oficiales se registran alrededor de 500.000 interrupciones voluntarias del embarazo cada año.