El personero de Bogotá, Ricardo María Cañón aseguró que hay un desconocimiento generalizado por parte de los funcionarios de la administración distrital frente a la aplicación de la Ley de Víctimas, y agregó que “es reiterativa la inadecuada orientación frente a la ruta de atención y aplicación de la ley de víctimas del conflicto, con lo que se contribuye a la revictimización de las personas”.
Cañón solicitó a la administración distrital un mayor compromiso y el ajuste definitivo de las políticas encaminadas a implementar la Ley de Víctimas y afirmó que la Personería iniciará indagaciones preliminares respecto de funcionarios públicos que dentro de sus responsabilidades y competencias se encuentren en el deber de ordenar y facilitar la adecuada aplicación de la Ley.
Las irregularidades halladas por la Personería:
Luego de visita hecha por funcionarios de la Personería Delegada para los Derechos Humanos a las UAOs, se evidenciaron situaciones que afectan el servicio; entre otros hallazgos se encontraron:
– Desconocimiento generalizado por parte de los funcionarios de la administración distrital frente a la aplicación de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011 – Decreto 4800 de 2011); por ende es reiterativa la inadecuada orientación frente a la ruta de atención y aplicación de la ley de víctimas del conflicto, con lo que se contribuye a la revictimización de las personas.
– No existen directrices claras y comunes para la atención a víctimas por parte de la Secretaría de Gobierno Distrital.
– El desprendible del formato único de declaración diseñado por el Departamento para la Prosperidad Social, para la solicitud de inscripción en el registro único de víctimas entregado por parte del Ministerio Público como constancia de la recepción del relato de la víctima, está generando confusión y resulta ineficaz para la entrega de ayudas de emergencia, atención en salud o cupo en albergue a dicha población.
– Se desconoce la condición de vulnerabilidad de las víctimas tanto a nivel personal, económico y familiar, en la medida en que se suministra información errónea.
– Es insuficiente el personal designado por la Secretaría de Gobierno para atender la alta demanda de atención a población víctima del conflicto armado.
– No existe atención sicológica permanente en la UAO, lo que deja en evidencia la falta de atención integral y apoyo post trauma a esta población, por parte del distrito.
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– No existe aviso publicitario donde se identifique que en dichos lugares está ubicada una Unidad de Atención y Orientación para la población desplazada (UAO).
– En las unidades de atención no funcionan las ludotecas, generando la desatención con prioridad a los niños víctimas del conflicto.
La Personería iniciará las indagaciones preliminares que correspondan respecto de funcionarios públicos que dentro de sus responsabilidades y competencias se encuentren en el deber de ordenar y facilitar la adecuada aplicación de la Ley 1448 de 2011 y del Decreto 4800 de 2011.
Se reitera que los funcionarios públicos no pueden delegar la responsabilidad en contratistas que eventualmente se vinculen a estos proyectos en la parte operativa, por lo que “se será muy exigente en las responsabilidades que se deriven en la supervisión y vigilancia de los contratos por los cuales se vinculan a operadores en el sistema de atención a víctimas”, reitera el jefe del ministerio público.
