Debido a la falta de claridad que generó el fallo de la sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura, que le quitó competencia a la Contraloría para investigar el denominado ‘carrusel de pensiones’, la contralora Sandra Morelli ordenó suspender todas las investigaciones fiscales a personas con fuero Constitucional.

De acuerdo con la funcionaria, para esa corporación no son claras las funciones de la Contraloría en cuanto a sus competencias para investigar ministros, directores de Departamentos Administrativos, embajadores, gobernadores, procurador general y defensor del pueblo.

Así las cosas, por la determinación resultarán favorecidos los exministros Andrés Felipe Arias, Andrés Uriel Gallego, Diego Palacio y Andrés Fernández, así como al exgobernador Luis Alfredo Ramos y otros funcionarios y exfuncionarios conta los cuales la Contraloría adelanta investigaciones.

Este es el comunicado publicado por la Contraloría:
La Contraloría General de la República, en atención al fallo proferido por los conjueces sorteados por el Consejo Superior de la Judicatura, y conocido por la señora contralora general el día 30 de marzo, de parte del secretario de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, toda vez que a este despacho solo se emitió la orden de entrega inmediata de los expedientes contentivos de las investigaciones que por el concepto de incremento posiblemente irregular de la mesada pensional de nominados del Consejo Superior de la Judicatura, previa deliberación de su consejo directivo, decreta:

Lo anterior, en tanto se profiere providencia aclaratoria de la decisión, teniendo en cuenta que al tenor literal de la misma, se impone cesar toda actuación respecto de ministros, gobernadores, gerentes de institutos, embajadores congresistas, magistrados, generales de la República, pues de lo contrario estaría usurpando funciones jurisdiccionales.