La Contraloría General es competente para investigar el denominado ‘carrusel de pensiones’ en el Consejo Superior de la Judicatura, según lo definió este lunes el Consejo de Estado.

Este nuevo fallo le devuelve al organismo de control las investigaciones y deja sin validez el fallo de la sala de conjueces que había determinado que la Contraloría no era competente para investigar a las personas aforadas.

El alto Tribunal sostiene que por tratarse de un proceso de carácter administrativo y no jurisdiccional, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no es competente para realizar la investigación, debido a que las investigaciones que realiza la Corporación no son de carácter fiscal.

Así las cosas, la Contraloría General de la República continuará escuchando en versión libre a los funcionarios investigados.