Por orden explicita del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia inició hoy un proceso de vigilancia superior al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en relación con la organización del Programa de Adopción a nivel nacional e internacional.

Esta vigilancia, prevista en el Plan Operativo Anual de la Procuraduría Delegada, se extiende a cinco instituciones autorizadas de Bogotá para desarrollar programas de adopción (IAPAS), con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y de los lineamientos técnicos por parte de las instituciones y el Programa de Servicios de Atención Especializada en Protección (contratos de aporte), en cumplimiento de lo dispuesto en el Código de la Infancia y la Adolescencia.

28 servidores públicos de este Organismo de Control conforman la comisión que verificará si el Programa de Adopción está orientado a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y constatar si en el desarrollo del Programa de Adopción se ha implementado la doctrina de la protección integral. De las visitas realizadas se levantarán las actas respectivas y se rendirá un informe al ICBF.

Con esta actuación preventiva la Procuraduría General de la Nación da cumplimiento a la función de vigilancia superior con fines preventivos y de control de gestión a las entidades públicas y a los particulares que cumplen funciones públicas, en defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su contexto familiar.