El representante a la Cámara Iván Cepeda durante el debate sobre la situación actual de las ejecuciones extrajudiciales en el país, basado en 5 informes recientes de organizaciones no gubernamentales, aseguró que el 98.5% de los falsos positivos en Colombia quedan en la impunidad.

Según el informe presentado por Cepeda, 23 años de Falsos Positivos, del CINEP, en el país se han presentado 951 casos de falsos positivos desde 1988 hasta junio de 2011, conforme a datos extraídos de los registros de 25 organizaciones humanitarias. Estos habrían dejado más de 1.741 víctimas.

En materia de impunidad, el congresista señaló que tal como lo indican las cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación, de 1.100 procesos que han entrado a indagación por ejecuciones extrajudiciales, sólo 665 han pasado a etapa de investigación, y 72 han llegado a juicio.

Del mismo modo en procesos disciplinarios contra miembros del Ejército Nacional, se encontró que de 1.150 expedientes, 458 han pasado a investigación formal, en 57 se han imputado cargos, y solo en 13 la justicia ha proferido fallo.

El representante Cepeda manifestó su preocupación por cuanto estas cifras demuestran que existe un 98.5% de impunidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales en los que se ven comprometidos los miembros de la Fuerza Pública.

Por su parte, en el informe Ejecuciones extrajudiciales en el gobierno de Juan Manuel Santos, según presuntos responsables. 07/08/10 – 30/03/12, del Banco de datos del Cinep, se encuentra que se han registrado 69 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas del Estado durante el nuevo gobierno. En el mismo período los paramilitares cometieron 393 ejecuciones extrajudiciales.

Igualmente, en informes de 2011, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ACNUDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, expresaron su intranquilidad por los actos de hostigamiento y atentados contra la vida de los familiares de las víctimas que han denunciado estos hechos, y por la negación de oficiales de la continuidad de las ejecuciones. También, respecto de la utilización de la jurisdicción penal militar para conocer casos de violaciones de derechos humanos y más específicamente de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por miembros de la Fuerza Pública.

El representante Iván Cepeda reiteró que por estas razones se seguirá oponiendo al proyecto que pretende ampliar el Fuero Penal Militar en Colombia, y se refirió también a su oposición al aparte de la Reforma a la Justicia que les daría facultad a los jueces para tasar el monto para reparación de las víctimas.