El Ministro de Justicia y del Derecho, de visita oficial en la capital de los Estados Unidos, se reunió este lunes con el Fiscal General de ese país, Eric Holder, y con el Director Adjunto de la DEA, Thomas Harrigan.

Durante ambos encuentros, el jefe de la cartera de justicia expresó la preocupación del Gobierno colombiano por las bajas penas que han recibido algunos narcotraficantes colombianos extraditados a ese país.

Al respecto, tanto el Director Adjunto Harrigan como el Fiscal Holder manifestaron que no existe una “política” del Gobierno norteamericano consistente en imponer penas menos severas a los narcotraficantes extraditados. Por el contrario, son aislados los casos en ese sentido, los cuales hallan su razón de ser en la cooperación de cada extraditado, en el valor de la información ofrecida para la lucha contra las drogas y el crimen organizado y, en algunos casos, en las circunstancias personales del sujeto involucrado. Al respecto, manifestó el Ministro que “están tan comprometidos como siempre con esto y sostienen que las penas seguirán siendo semejantes a aquéllas a las que hemos estado acostumbrados.”

En cuanto a la legalización del consumo de drogas, el Director adjunto de la DEA, Thomas Harrigan, señaló que este es un asunto que está “fuera de discusión”. No obstante, reconoció que en ocasiones Estados Unidos ha entregado señales equivocadas al mundo sobre esta materia al legalizar, en algunos de sus estados, el llamado “uso medicinal” de la marihuana; y aseguró que habrá mayor énfasis en la prevención y en el consumo en su país.

El Fiscal General Holder agradeció la cooperación de Colombia en la batalla contra el crimen organizado, declaró que nuestro país es el más fuerte y más importante aliado de Norteamérica en el hemisferio y expresó que Colombia ha tenido “una aproximación correcta” en materia de justicia transicional.

Frente al proceso colombiano de reforma a la administración de justicia, el fiscal Holder dijo que Estados Unidos está dispuesto a compartir sus experiencias en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como a apoyar la implementación y perfeccionamiento del sistema penal acusatorio.