La Corte Constitucional estableció que los funcionarios judiciales como jueces y fiscales no pueden entregar información sobre la identidad de mujeres que hayan solicitado la interrupción voluntaria del embarazo.

El pronunciamiento fue hecho luego de que la Procuraduría solicitara información de las mujeres que han recibido el aval de los jueces para la práctica de abortos.

De acuerdo con el trascendental fallo, la medida se toma con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas afectadas.

Para la Corte, si los funcionarios judiciales dieran a conocer la información de las mujeres que interrumpen su embarazo en los tres casos consentidos por la ley, estarían incitando a la práctica clandestina del aborto, debido a que no se les salvaguarda el derecho de mantener su nombre en reserva.

El fallo establece, además, que quienes incurran en esta práctica, podría correr el riesgo de ser investigados disciplinariamente.

En la decisión el alto tribunal pidió que se investigara a un juez de Villavicencio que entregó información a la Procuraduría de una mujer que abortó de manera clandestina al no ser atendida legalmente.