La Corte Constitucional ordenó que a la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que investiguen las irregularidades en el ‘carrusel de la educación’ en el departamento de Córdoba.

El alto tribunal, además, frenó el pago de 4 mil millones de pesos a maestros pensionados en esa región del país.

Descubren carrusel de pensiones en el sector educativo
El Gobierno Nacional denunció que se encuentran en riesgo 457 mil millones de pesos dispuestos para el pago pensional de los maestros, debido a resoluciones presuntamente irregulares que embargan recursos del Fondo de Prestaciones del Magisterio y comprometen el pago de las pensiones de más de 130.000 educadores en todo el país.

El hecho fue dado a conocer por los ministros de Educación, Maria Fernanda Campo y de Hacienda, Juan Carlos Echeverry; el Director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Fernando Carrillo Flórez y el Superintendente Financiero, Gerardo Hernandez Correa, en una rueda de prensa realizada este lunes en la Casa de Nariño.

Los funcionarios explicaron que las irregularidades fueron puestas en conocimiento de las autoridades correspondientes, se ordenaron embargos y se presentaron acciones de tutela para impedir la liquidación de pensiones de manera fraudulenta.

“Se encuentran en riesgo 457 mil millones de pesos que han sido destinados para el pago pensional de nuestros maestros, por cuenta de unas decisiones presuntamente irregulares que han tomando particularmente algunos jueces de los juzgados de Lorica, de Planeta Rica y de Chinú (Córdoba)”, explicó la Ministra Campo a los medios de comunicación.

Por su parte el Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry indicó que con base en las resoluciones los jueces han decretado el embargo de recursos del Fondo de Prestaciones del Magisterio (Fomag), para el pago de la mesada pensional a más de 130.000 maestros de todo el país.

Los funcionarios señalaron que el Gobierno, los entes de control y la Fiscalía durante más de seis meses han adelantado actuaciones tendientes a evitar que estos recursos se pierdan a través de resoluciones que no cumplen con los requisitos legales, lo que daría lugar a la pérdida de millonarias sumas que terminarían pagando los colombianos.

“Se trata de un patrón caracterizado de desfalco”, sostuvo el Director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Fernando Carrillo Flórez.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda explicó que en 857 resoluciones se han identificado circunstancias irregulares, como el reconocimiento y reajuste de pensiones a docentes que no pertenecen al régimen previsto en la Ley 33 de 1985, de otros que no son docentes y de muchos que ya tienen una pensión reconocida. Estas resoluciones tampoco cuentan con el visto bueno previo de La Fiduciaria La Previsora, administradora del Fomag, requisito sin el cual no se pueden autorizar los pagos.

“Gracias al trabajo conjunto de las entidades indicadas, el Juzgado 20 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá decretó el pasado viernes suspender los efectos jurídicos de las decisiones mediante las cuales el Juez Promiscuo del Circuito de Planeta Rica embargó recursos por valor de $141.868.914.890 e igualmente ordenó no poner a disposición de dicho juzgado los valores antes indicados”, señala el comunicado.

Agrega que el Consejo Superior de la Judicatura, con base en las facultades otorgadas por el Estatuto Anticorrupción, ordenará que estos procesos se reasignen a jueces en Bogotá e iniciará los procesos disciplinarios que correspondan.

La Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura acordaron trabajar conjuntamente en estas investigaciones.

“El Gobierno está comprometido con todas las autoridades para fortalecer la defensa jurídica del Estado y proteger los recursos públicos”, concluye el comunicado.