El procurador Delegado para las Fuerzas Militares y exmagistrado Eduardo Campo Soto, solicitó una indemnización por $1.416 millones de pesos, para no demandar al Estado.

La solicitud fue realizada ante la Procuraduría General, argumentando haber sufrido perjuicios morales por las interceptaciones ilegales telefónicas, hechas por el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

El exmagistrado sostiene que fue víctima de infiltraciones, seguimientos personales, incluso vuelos aéreos en los que se transportó, hechos que constituyen abusos y arbitrariedades gravísimas que han ocasionado enormes perjuicios morales».

Además, sostiene que su calidad de vida se vio deteriorada por el seguimiento a su esposa y a sus tres hijos.

Según argumenta el representante del Ministerio Público, las chuzadas le causaron «angustia, depresión, estrés, desesperaciones e insomnios”, hechos que afectaron su paz familiar.
Ante esto le exige al DAS la cancelación de más de 283 millones de pesos por perjuicios morales.