El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, afirmó que el Gobierno no está de acuerdo con el proyecto de ley que busca despenalizar la siembra de marihuana, coca y amapola que presentó el representante a la Cámara Hugo Velásquez.

El Jefe de Cartera indicó que la iniciativa desconoce los lineamientos jurídicos sobre el tema. “No se puede trabajar como el Llanero Solitario. Es un tema importante que hay que mirarlo con especial atención dentro del marco de la política criminal del Estado y no a pedacitos”, manifestó Esguerra.

Agregó que “la política criminal del país debe ser integral” y que las normas penales “deben verse con visión de Estado y no con el apasionamiento” que se da en el juzgamiento de este tipo de conductas.

Velásquez defendió su proyecto y aclaró que no pretende legalizar los cultivos ilícitos, ya que “la penalización no disminuyó las áreas cultivadas, tal vez los adentró con irreparables pérdidas ambientales. Lo único que consiguió fue llenar cárceles y estigmatizar a centenares de narcoagricultores”.

El Representante expresó que “allí hay toda una actividad apenas de supervivencia. Yo no conozco el primer narco-cultivador que se haya enriquecido. Apenas si consigue con qué sobrevivir”.

La proyecto de despenalización de cultivos señala que los departamentos más afectados son Meta, Guaviare, Vichada y en menor proporción Caquetá, Guainía y Putumayo.

Entre los puntos más sólidos que encierra la iniciativa se encuentran:

* Descongestión judicial y carcelaria, ya que son los cultivadores, raspachines y sus familias los que ocupan la mayor dedicación del aparato judicial y carcelario.

* Se desestimula el desplazamiento de las áreas cultivadas que por buscar clandestinidad terminan por favorecer la tala de selvas y bosques, propiciando escenarios que se aprovechan por los actores armados.

* Se acaba con una de las fuentes de corrupción de autoridades de policía locales.

* La agricultura lícita se abarata ya que hay algunos combustibles como el ACPM, y ciertos abonos, pesticidas y fungicidas necesarios para cultivos legales, que son restringidos so pretexto de que se destinarían al narcocultivo, lo que también sirve de aliciente a la corrupción.