La Corte Constitucional terció en el debate sobre la olla podrida de la salud en el país y pidió tácitamente al gobierno nacional acabar con los mercaderes de la salud y consecuentemente con las EPS.

En una audiencia en la que intervinieron los ministros de hacienda y de salud y los altos dignatarios de los organismos de control, los magistrados de la Corte ordenaron al gobierno “meter en cintura” a los que llamó “mercaderes de la salud”, tras resaltar que “la malversación de los recursos, el desgreño administrativo y la falta de control” amenazan con el derecho fundamental de los colombianos a la salud.

La corte advirtió que “la actividad de los mercaderes de la salud va en detrimento del derecho fundamental de la sociedad”.

Los magistrados señalaron que “los particulares que prestan dicho servicio en nombre del Estado y bajo su tutela deben comprender que la función que cumplen en momento alguno puede ser entendida como un negocio”.

Añadieron que “causa inmenso rechazo conocer los acuerdos llevados a cabo por EPS de régimen contributivo con el fin último de defender sus intereses y no los de la población colombiana”.

La Corte Constitucional vislumbró un sombrío panorama en el sector salud por el alto grado de corrupción, la prevalencia absurda de intereses particulares, la debilidad manifiesta en el control estatal y el inadecuado manejo administrativo por ineficiencia, de los recursos de la salud.

Añadió que “nuestra sociedad está enferma y en tránsito a cuidados intensivos. El sistema de salud pareciera colapsar, en detrimento de los derechos fundamentales de quienes habitamos este Estado. Es imperioso que el país aborde el rediseño de la estructura”.

“Hay un complejo panorama en el manejo de los recursos del sistema de salud. La gran mayoría de dichos dineros está siendo dilapidada para fines totalmente ajenos al propósito para el que fueron establecidos”, precisó la Corte y agregó:

“Todo continúa igual y con tendencia clara a deteriorarse. Esta Corte ha permanecido vigilante en el cumplimiento de órdenes dictadas en la sentencia, evidenciando leves mejorías que en nada han incidido en el goce efectivo del derecho”.

CARTEL DE MEDICAMENTOS

–La contralora general de la república Sandra Morelli fue la más contundente en el debate sobre la olla podrida de la salud en la Corte Constitucional, pues abiertamente denunció la existencia de un cartel en la distribución de medicamentos en Colombia.

La contralora dijo que las empresas del sector han formado un monopolio que fija precios a su acomodo y desangra el sistema de la salud en el país.

Estas empresas, dijo, funcionan como un cartel de la “fármaco-economía”.

Denunció que los abusos en los precios son alarmantes, pues, subrayó, “hay facturas de algunas drogas que valen 10 mil pesos y que son aumentadas a ocho millones de pesos”.

A su turno, el fiscal general, Eduardo Montealegre, anunció una unidad especial para investigar los fraudes en la salud.