El excongresista Germán Olano Becerra aceptó ser responsable del delito de tráfico de influencias en el denominado carrusel de la contratación en Bogotá.

Así las cosas, el exlegislador aceptó haber movido las fichas necesarias para beneficiar a los miembros del Grupo Nule con la adjudicación de multimillonarios contratos viales en la capital de la República a cambio de una comisión.

En el caso de German Olano, la indagación penal tiene que ver con una comisión de 500 millones de pesos que le habrían pagado los cabecillas del Grupo Nule por haber mediado a su favor en la adjudicación de los contratos de la fase 3 de Transmilenio.

Por los hechos relacionados con el carrusel de la contratación, la Procuraduría General de la Nación inhabilitó a Germán Olano por 12 años.

El pasado 28 marzo, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado decretar la pérdida de investidura de Germán Olano Becerra, argumentando que “existen elementos de juicio suficientes para demostrar que se configuraron las causales consagradas en el numeral 2 del artículo 180 y numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política que prohíben a los Congresistas la gestión de asuntos ante entidades públicas y el tráfico de influencias.

En su intervención, el procurador Delegado, Fernando Brito Ruiz, pidió que se declare la validez de la prueba aportada por Miguel Nule relacionada con una grabación en la cual se registra una conversación sostenida con el excongresista Germán Olano.

En dicho registro se hace referencia a las gestiones surtidas por el exrepresentante a la Cámara, ante el entonces Contralor Distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, en aras de obtener beneficios en el control fiscal sobre las obras de la calle 26.

Así mismo, precisó que las pruebas señalan que el entonces congresista también adelantó gestiones ante el contratista Julio Gómez para que intercediera a favor del Grupo Nule ante la dirección del IDU, con el fin de que se les adjudicaran obras de la Fase III de Transmilenio.