Por posibles irregularidades en la formulación de recobros y por probable apropiación de recursos públicos, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al cuerpo directivo y miembros del Consejo Directivo de Saludcoop.

En la audiencia que iniciará el lunes 4 de junio de 2012, el procurador segundo delegado para la Vigilancia Administrativa, Fernando Brito Ruiz, citó a versión libre al representante legal de Saludcoop, Carlos Augusto Palacino Antía; la vicepresidenta administrativa, Carolina Lamus; al miembro de la Junta Administradora de Epsifarma; y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, vicepresidente financiero, representante legal suplente y apoderado general de Saludcoop.

A la investigación también fueron vinculados los miembros del Consejo de Administración de Saludcoop para el periodo comprendido entre el 2009 y el 2011, tanto principales como suplentes: Gabriel Franco, Juan Carlos Restrepo Cardona, René Cavanzo Alzugarate, Carlos Julio Mora, William Buitrago González, Alberto Castro Cantillo, Fernando Noguera Arrieta, Ana María Piñeros, Beatriz Giraldo Aristizábal y Gloria Lucía Quiroz Hernández.

El Ministerio Público explicó que Saludcoop EPS tiene a su cargo el manejo de recursos del Sistema de Seguridad Social, particularmente en el régimen contributivo, los cuales, de acuerdo con pronunciamiento de la Corte Constitucional, son rentas de naturaleza parafiscal que comportan contribuciones obligatorias de naturaleza pública.

De acuerdo con el Ministerio Público, a cargo de los investigados estaba la administración y manejo de los recursos públicos de la salud que el Fondo de Solidaridad y Garantía entregó en administración a esta EPS, motivo por el cual debían velar para que fueran utilizados con los fines sociales para los que estaban destinados.

Para el órgano de control como todos los acusados intervenían en el manejo de los recursos, de conformidad con el artículo 53 del Código Disciplinario Único les cabe responsabilidad disciplinaria por los hechos irregulares.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, los investigados al parecer realizaron recobros al Fosyga por medicamentos, servicios médicos o prestaciones excepcionales en salud no POS y fallos de tutela, utilizando como soporte el pago de cheques girados, los cuales, según la auditoría forense, no fueron entregados a sus beneficiarios.

Al parecer, el Fosyga canceló cuentas de cobro que presentó a la EPS bajo el entendido de que los servicios facturados y cobrados ya habían sido cancelados como lo exige la Ley para su devolución. No obstante se evidenció que la EPS no realizó los pagos soportados en los cheques, pero sí realizó los cobros al Fosyga.

Como prueba del no pago hay constancia de que contra la EPS cursan procesos judiciales de embargo por parte de las IPS cuyas cuentas de cobro aparecen como canceladas por el Fosyga, así como del análisis que hizo la auditoría forense de la contabilidad de la EPS.

Saludcoop realizó entre 2009 y 2010 un giro masivo de cheques con el que justificó el pago de los servicios referidos al Fosyga para obtener la devolución de dichos recursos, sin embargo, los cheques no fueron entregados a sus beneficiarios y fueron anulados al término de su vigencia.

Una vez cumplida la notificación, los particulares cuestionados podrán dar su versión de los hechos al inicio de la audiencia, a la cual podrán asistir solos o en compañía de abogado. De la misma manera, podrán pedir y aportar las pruebas que estimen indicadas para su defensa.