La Contraloría de Bogotá advirtió a la administración Distrital porque más 548 vehículos de transporte público colectivo que circulan por las vías de la ciudad, ya cumplieron con su ciclo de vida útil, es decir, más de 30 años de circulación, hecho que ante el incremento de la accidentalidad, podría afectar el patrimonio público distrital.

Para la Contraloría es preocupante que la autoridad de movilidad distrital, modifique la norma que regula la vida útil de los vehículos de transporte público colectivo mediante la expedición sucesiva de actos administrativos.

Según el organismo, el artículo 6º de la Ley 105 de 1993, establece que «la vida útil máxima de los vehículos terrestres del Servicio Público Colectivo de pasajeros y/o mixto será de veinte (20) años».

Además, establece que «El ministerio de Transporte, definirá, reglamentará y fijará los requisitos para la transformación de los vehículos terrestres que vienen operando en el servicio público de pasajeros y/o mixto de tal forma que se les prolongue su vida útil hasta por diez (10) años y por una sola vez…» Lo cual determina que la vida útil máxima para los vehículos terrestres del servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto, será de treinta (30) años.

Según información suministrada por la Dirección de Control y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Movilidad a la Contraloría de Bogotá, sobre estadísticas de accidentalidad, se evidencia un alto porcentaje que involucra vehículos de transporte público colectivo, toda vez que para la en la vigencia 2011 se registraron 7231 casos y a febrero del 2012 esta cifra se elevó el 49.69 %, es decir que ya se han registrado14.551 accidentes.

Para la Contraloría de Bogotá es claro que a mayor antigüedad del parque automotor, mayor es el riesgo de accidentalidad, situación que afecta a quienes utilizan la malla vial del Distrito Capital incidiendo en el riesgo de morbilidad y mortalidad de los usuarios, bien sean peatonales u ocupantes de vehículos que circulan por la ciudad.

De acuerdo con las fechas establecidas por la Secretaría de Movilidad, en donde se da un plazo máximo para la operación de los referidos vehículos para el 30 de junio de 2012, el Contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, le dio un plazo de 10 días hábiles a la Administración Distrital para informar sobre las medidas que se adoptarán frente a las observaciones planteadas ante el riesgo de accidentalidad así como de la salida de funcionamiento de estos vehículos los cuales no han sido adquiridos por las empresas operadoras del SITP.