El Consejo de Estado dejó en firme la elección de la contralora General, Sandra Morelli, al rechazar la demanda que buscaba la nulidad de su elección.

Para el alto Tribunal no existen argumentos jurídicos que sostengan que la funcionaria no cumplía con los requisitos exigidos para desempeñarse como jefe del organismo de control.

En concepto de la Procuraduría, emitido el pasado 2 de marzo, en el caso de Morelli “no se presentaron vicios de nulidad” en el acto administrativo que la eligió.

Así mismo, el Ministerio Público afirmó que no hay argumentos claros y precisos, que permitan inferir que se presentaron irregularidades durante la elección de Morelli Rico en el ente de control fiscal.

Según la Procuraduría, la funcionaria laboró por más de 10 años en la Federación Nacional de Cafeteros, hecho que constituye y abarca la experiencia solicitada por la ley de cinco años en la función pública.

“Es viable computar, para efectos de acreditar el requisito previsto en el artículo 59 de la Ley 42 de 1993, el ejercicio del arbitraje como función pública y como quiera que de conformidad con las pruebas arrimadas al plenario la doctora Sandra Morelli Rico se desempeñó como árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá por espacio superior a cinco años”, se aclara en el escrito del Ministerio Público.