El 10 de junio de 2011, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, asumió ante el mundo –y con el Secretario General de la ONU como testigo–, un reto histórico: devolverles a los campesinos colombianos las tierras que les fueron despojadas por los grupos armados ilegales, en medio del conflicto que padece el país desde hace más de medio siglo. El próximo domingo la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumple su primer aniversario. ¿Qué tanto se ha avanzado? Aquí la respuesta en las voces de víctimas, funcionarios gubernamentales y voceros de ONG.

La Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sancionada hace un año, es el resultado de 14 diálogos regionales entre el Gobierno Nacional, voceros del Congreso y las víctimas, un trabajo que permitió construir un texto de más de 200 artículos cuyo objetivo es que las tierras retornen a sus verdaderos dueños y garantizar acceso a la justicia y a la reparación integral.

Una vez sancionada la Ley, el Gobierno Nacional procedió a elaborar la reglamentación de la normatividad para que su ejecución iniciara el 1 de enero de 2012. Para esto, desde el Ministerio del Interior se realizaron los procesos de consulta previa de enfoque diferencial con las comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas y otras minorías.

El acercamiento con las poblaciones vulnerables, el intercambio de ideas y el escuchar atentamente a las víctimas, fue calificado por el Consultivo de alto nivel de las comunidades negras, Paulino Riasco, como un aporte de gran importancia, aunque con algunos reparos.

“Sí se dio un espacio de concertación con las comunidades, aunque muy cuestionado y en desacuerdo en algunas regiones. No podemos negar que se hicieron varias reuniones en los diferentes departamentos, como mecanismos de información y de consulta. Nosotros le apuntamos a la reparación colectiva de las víctimas y de la familia afrocolombiana como parte de este Gobierno”, señaló Riasco.

El Ejecutivo sabe que, pese a la disposición interinstitucional y los grandes pasos recorridos hasta hoy en la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, las comunidades siguen preguntando cuándo se darán, en la práctica, las restituciones de las que tanto hablan los medios y que ellos anhelan.

“No puedo desconocer que en medio de todas las dificultades hemos avanzado y sí se están dando los procesos, pero estamos preocupados porque si bien se nos consultó, sentimos que el proceso no avanza tan rápido, como si estuviera parado. ¿Qué ha pasado? Queremos que el Gobierno nos responda”, dijo al equipo de prensa del Ministerio del Interior, Riasco, enlace entre la comunidad afrocolombiana y el Ministerio del Interior.

Consciente de la expectativa que genera en la comunidad la consolidación de la ley, Boris Felipe Zapata, de la Dirección de comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio asegura que el programa se encuentra en una etapa vital, en el que es trascendental avanzar con cautela “para poder cumplir a las víctimas, atenderlas de manera adecuada pero sin caer en errores”.

“Estamos aplicando un programa piloto en cinco zonas del país con las Unidades de Víctimas y de Restitución de Tierras, que son la nueva institución ideal para estos procesos. Lo que se pretende es que en lo que resta del año podamos tomar cinco casos simbólicos del conflicto armado interno y aplicar la reparación colectiva. El primero de ellos es la masacre de Bojayá, la cual, lastimosamente, ya cumplió 10 años”, aseguró.

Este es un ejemplo visible de que el Ejecutivo no está improvisando. El Ministerio del Interior tiene proyectado que al finalizar el semestre, los resultados del programa piloto se puedan presentar con miras a que en el 2013 las víctimas hagan valer el derecho que la Ley les otorga. “Esta será una experiencia significativa que nos permitirá aplicar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, y evitar que sea letra muerta”, señaló Zapata.

Indígenas, beneficiados con la ley
Los 102 pueblos indígenas que viven en Colombia también han sufrido a lo largo del conflicto armado interno la violencia de los grupos armados ilegales. Para ellos, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y la consulta previa para su reglamentación significa un reconocimiento de sus derechos, según admite la organización que los representa.

Luis Fernando Arias, secretario General de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) señala que para los pueblos aborígenes del país, la Ley de Víctimas “es uno de los instrumentos jurídicos más importantes, después de la Constitución Política de 1991”.

La Ley representa “un paso sustancial en la reconciliación del país. Es fundamental para que los colombianos avancemos en la búsqueda de la paz y de la reconciliación nacional. Esperamos que este instrumento que construimos con la mayor dedicación sirva para liquidar un poco las angustias de los cientos de miles de víctimas de los pueblos indígenas que están desplazadas y también de quienes han sufrido la violación de sus derechos humanos”, aseveró.

El dirigente indígena destacó que las mesas de Concertación Indígena contaron durante el primer año de sancionada la ley con la presencia y participación del Gobierno Nacional, la ONIC, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, la Confederación Indígena Tayrona y las Autoridades indígenas de Colombia. Un proceso que calificó de “democrático” y “participativo”.

El representante de la ONIC también se declaró expectante y optimista de ver cómo el Gobierno Nacional logrará implementar en su totalidad las medidas contempladas en la Ley.

Consultado sobre los avances de la aplicación de la ley para estas comunidades, Pedro Santiago Posada, director de Asuntos indígenas, Minorías y Room del Ministerio del Interior, destacó que durante este primer año de implementada la ley se logró cumplir con éxito la etapa de reglamentación con los pueblos indígenas y que el terreno está listo para continuar en la formulación de planes integrales de reparación. Destacó que los resultados son producto del esfuerzo interinstitucional con la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Agricultura.

Gobernadores y alcaldes y la implementación de Ley de Víctimas
El 20 de diciembre de 2011 se expidieron cuatro decretos que, además de reglamentar la Ley, daban vida a las Unidades Administrativas Especiales de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y el Centro de Memoria Histórica.

Precisamente en el Decreto 4800, se estableció que el Ministerio del Interior sería el encargado, junto con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, de promover y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los mandatarios territoriales con esta normatividad.

Los nuevos gobernadores y los alcaldes del país fueron el principal objetivo de la cartera del Interior y de todos sus funcionarios para que incluyeran cuanto antes en sus Planes de Desarrollo la implementación de la Ley de Victimas y de Restitución de Tierras a nivel local.

“Más allá de una obligación, los mandatarios regionales y municipales han entendido que la aplicación de la normatividad es una oportunidad para resarcir los daños causados, recuperar la memoria y ofrecer nuevas oportunidades sociales. Hemos capacitado a funcionarios de más de 700 entidades territoriales frente a la Ley de Víctimas; se han elaborado cartillas con lineamientos que deben ser tenidos en cuenta para la formulación de los planes de acción, que orientan sobre qué deben contener y qué se debe brindar a las víctimas para lograr una asistencia, atención y reparación integral”, aseveró Viviana Ferro, coordinadora del Grupo de Atención a Víctimas del Conflicto Armado del Ministerio del Interior.

Frente a dicha experiencia, Luz Patricia Correa, gerente de Atención a desplazados de Medellín aseguró que buena parte del éxito de la implementación de la ley recae en la relación entre los entes territoriales y la Nación. “Lo que hay que hacer ahora es recoger esta experiencia desarrollada por el Ministerio y transferirla a la unidad de víctimas”, recomendó.

En este sentido, el secretario de Gobierno del departamento de Magdalena, Eduardo Arteta, destacó: “se ha venido desarrollando el fondo de esta Ley de manera adecuada, por medio de cada uno de nosotros como representantes de cada departamento. Ahora que ya tenemos las bases teóricas, el siguiente reto es poner en práctica lo que sabemos”.

Aunque parte de la tarea institucional está hecha, el Ministerio del Interior no bajará la guardia y seguirá trabajando con las entidades territoriales para que las víctimas no queden en el olvido.
“El siguiente paso es preparar a las entidades territoriales para que reporten en línea su capacidad institucional, ya que esto le permitirá al Gobierno Nacional y al Estado focalizar mejor los recursos que se invertirán en la atención integral de las víctimas”, respondió la funcionaria Ferro.

Protección a líderes blinda su retorno
Uno de los inconvenientes que ha tenido que afrontar el Gobierno Nacional para restituir las tierras usurpadas por los grupos armados al margen de la ley es la intimidación a los líderes de este proceso. Contrarrestar las amenazas y disminuir las vulnerabilidades de las víctimas para garantizar su debido retorno o reubicación, es el principal reto del Ministerio del Interior, en cabeza de la Unidad Nacional de Protección, entidad que tiene a su cargo todos los esquemas de seguridad del Estado.

El asesinato de líderes de restitución de tierras, y el constante asedio del que son víctimas por parte de los violentos, se constituye en otro de los grandes desafíos de la Ley. El presidente Juan Manuel Santos advirtió que esta situación no impedirá entregarles a las víctimas las tierras que les fueron despojadas, pero brindar protección a estos voceros de la comunidad en la cotidianidad demanda de grandes esfuerzos.

“Quiero que el mensaje quede muy claro: No vamos a permitir que los mal llamados ‘ejércitos anti-restitución de tierras’, que son grupos delincuenciales, se interpongan y amenacen a los líderes que luchan por un derecho legítimo que es la restitución de las tierras que les fueron despojadas por esos mismos sectores violentos.” advirtió Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección.
Desde enero de 2012, 100 líderes están cobijados con medidas de protección por parte de la UNP y 30 están próximos a ingresar a dicho programa. “Nuestro objetivo es brinda protección integral a 150 dirigentes campesinos en los próximos meses”, aseveró Villamizar.

El funcionario explicó que las medidas de protección otorgadas a los beneficiarios de este programa van desde entregarles chalecos antibalas y medios de comunicación para que alerten a las autoridades ante el acecho de peligros hasta esquemas consolidados de seguridad, conformados por miembros de la Policía y vehículos de blindaje pesado.

“El hecho de que haya más atención por parte del Ministerio para este tipo de casos ya es un logro. Nos están atendiendo y por lo menos hay garantías hasta tanto se vayan resolviendo los problemas de los líderes“, opinó Carmen Palencia, directora de ‘Tierra y Vida’, asociación que agrupa a víctimas que buscan la restitución de sus tierras en la región del Urabá (noroeste).

Palencia, que en febrero pasado fue víctima de un atentado frente a su casa, advierte que el proceso de restitución de tierras en el país “ha sido difícil, no sólo por el temor de quienes buscan reclamar sus predios sino por las continuas amenazas para que dichas parcelas permanezcan en manos de los violentos”.

Aun así, y tan grande como la expectativa de los despojados frente a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras es el esfuerzo de los funcionarios involucrados en estos procesos porque pronto comiencen a verse los frutos de la lucha que ellos mismos, dirigentes campesinos y voceros de organismos no gubernamentales emprendieron en la búsqueda de una justa reparación y restitución, que abren el camino a nuevas oportunidades para los habitantes más vulnerables de Colombia.

Por Lorena Agudelo, Periodista Ministerio del Interior