De acuerdo con la ONG, Organización International Crisis Group, la desmovilización del Erpac podría “correr el riesgo de pasar a la historia como un fracaso”, y advirtió que enfrentar el fenómeno de las ‘bacrim’ es una de las mayores amenazas a la seguridad colombiana.
La ONG en un informe publicado el viernes en su página web, asegura que la nación no cuenta con garantías para afrontar penas para crímenes de lesa humanidad o que atenten contra el DDHH. (vea aquí el informe original)
El informe denuncia que la justicia colombiana corre riesgo y “una alta probabilidad de que no se vaya a investigar y sancionar la gama completa de crímenes, que en muchos casos incluyen graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.
La International Crisis Group, también criticó fuertemente los nexos entre funcionarios, políticos y servidores públicos con grupos de autodefensa; y aseguró que esto “contribuyen a que estos grupos se puedan mantener”.
Subraya que la posibilidad de que desmovilizados que se someten a Justicia y Paz puedan enfrentar a tribunales ordinarios lo que podría traer beneficios, “como la reducción de penas a cambio de aceptación de los cargos”.
Además, advierte que para las bandas criminales conocidas como ‘bacrim’ al no ser consideradas grupos alzados en armas no pueden tampoco acogerse a los programas oficiales de desarme y reinserción social, lo que “aumenta el riesgo de rearme”.
La ONG presentó este informe basándose en la desmovilización del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac) que entregó armas el 28 de diciembre del 2011, proceso que calificó como un posible “fracaso”.
Y explica que tras el sometimiento a la justicia los desmovilizados del ERPAC quedaron en libertad salvo una veintena que tenían orden de captura. Luego, fue necesario que las autoridades capturaran a 51 restantes a los que hubo que buscar “uno por uno”, una tarea “ardua” que “causó una indignación pública comprensible”, según el informe.
El estudio señala que los excabecillas de esta ‘bacrim’ podrían enfrentar “penas de prisión cortas” y las “estructuras criminales y de corrupción subyacentes” permanecer “intactas”, ya que como “bacrim” no es considerada actor del conflicto armado y por tanto no se puede someter a sus miembros a la justicia transicional.
A juicio de International Crisis Group, “la falta de instrumentos para responder a sometimientos colectivos seguirá obstaculizando los esfuerzos para combatir a estos grupos, los cuales se han convertido en uno de los principales desafíos para la seguridad en Colombia”.
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