El grupo paramilitar “Los Paisas” anunció inminente masacre en las próximas horas en el corregimiento Bocas de Aracataca, en el departamento del Madalena.

Así lo denunció el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el cual afirmó que este viernes un líder comunitario del Corregimiento Bocas de Aracataca, recibió una llamada telefónica a su casa, donde le anunciaron una nueva masacre en las próximas horas, así como el asesinato de los líderes y el desplazamiento forzado de las treinta y un (31) familias retornadas a este pueblo ubicado en la Ciénaga grande de Santa Marta.

Según un comunicado difundido por el colectivo, esta es el segundo hecho preocupante durante este año, ya que el pasado veinticinco (25) de mayo, los habitantes del corregimiento de Bocas de Aracataca recibieron por medio de panfletos amenazas en contra de sus vidas e integridad personal.

Los panfletos fueron encontrados en los patios de dos casas diferentes, y se encontraban firmados por “los paisas”. La comunidad endilga la responsabilidad de estos a miembros de los grupos paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que siguen delinquiendo en el municipio de Pueblo viejo departamento de Magdalena, bajo el mando de Hernán Cantillo Camargo conocido bajo el alias de “El Cole”.

En los panfletos recibidos se amenaza directamente a Alcides Gonzales, quien es miembro de la comunidad y la única persona que se quedó en el pueblo, tras el desplazamiento masivo que tuvo lugar hace doce (12) años luego de la masacre ocurrida el once (11) de febrero del dos mil (2000).

Así mismo, el panfleto hace alusión a que tienen un infiltrado en el corregimiento, se menciona que tienen ubicadas a las personas que reciben cada cuatro meses un subsidio de familias en acción y los que tienen animales, como insinuando el cobro de una vacuna.

Los miembros de la comunidad, afirman haber visto a varias “gente raras” (sic), de igual manera “campamentos de personas extrañas”, por sitio denominado La Aguja, al sur del pueblo. Al parecer, según los pescadores, los funcionarios de la Unidad de Parques Nacionales, abandonaron la zona por la presencia de estas personas que al parecer también se encontraban armadas.

Se conocen casos similares de reactivación estructuras armadas al margen de la ley, con amenazas y asesinatos, especialmente en el municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena.

La comunidad se encuentra en estado de zozobra y miedo, teniendo en cuenta que no existe ningún puesto de control policial a menos de dos (2) horas en lancha y se recuerda que es la misma forma como se dio la masacre y el desplazamiento forzado hace doce (12) años, cuando ocho (8) días después de encontrar panfletos similares, se dio la incursión armada que desembocó en la masacre citada.

Por esta razón la comunidad exige que:
Que se tomen todas las medidas necesarias y suficientes para prevenir el inminente ataque contra la vida y demás derechos fundamentales de los habitantes de esta región.

• Que se desarrollen todas las medidas tendientes a proteger la vida de los habitantes del corregimiento Boca de Aracatacas, ubicado en el municipio de Pueblo viejo, departamento del Magdalena.

• Que se garantice la seguridad física y psicológica de los habitantes del Corregimiento Bocas de Aracataca

• Que la Fiscalía General de la Nación, adelante investigaciones penales rigurosas con el fin de investigar y sancionar a los responsables de estos hostigamientos y amenazas.

• Al Ministerio Público, que exija a las autoridades el estricto cumplimiento a sus competencias e investigue la acción u omisión de servidores públicos en los casos de violación de derechos humanos en el territorio.

Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.