Para que respondan porque al parecer no incluyeron en nómina prestaciones económicas reconocidas, liquidadas o sustituidas ordenadas por Cajanal, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a los señores Jaime Villaveces Bahamón y Rodrigo Vélez Jara, en su condición de gerentes del Patrimonio Autónomo Buen Futuro, para la época de los hechos.
Dentro del mismo proceso, el Ministerio Público vinculó al actual gerente de Cajanal, Jairo de Jesús Cortés Arias, porque presuntamente no ha cumplido con diligencia y eficiencia el servicio encomendado, al no implementar mecanismos eficaces de vigilancia y control respecto al Patrimonio Autónomo Buen Futuro.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa recordó que la Corte Constitucional, en Auto 305 de 22 de octubre de 2009, señaló el término de dos meses para que se realizara la inclusión en nómina a quienes se las ha reconocido una prestación económica.
Para el órgano de control, los entonces gerentes del Patrimonio Autónomo Buen Futuro podrían estar incursos en falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, por cuanto con la falta de gestión en las actividades correspondientes a la inclusión en nómina de las novedades indicadas por Cajanal, pudieron afectar derechos fundamentales de las personas, en especial el derecho a una vida digna.
Por su parte, consideró que en el caso del gerente de Cajanal, al parecer, no se ha cumplido con diligencia y eficacia el servicio encomendado por no implementar mecanismos eficaces de control para asegurar el cumplimiento de los términos previstos por la Corte Constitucional, conducta que podría configurar una falta grave cometida a título de culpa grave.
A la investigación también fue vinculada mismo la señora Judy Elizabeth Niño Rodríguez, en su condición de coordinadora de Nómina de Cajanal, porque posiblemente, desatendió instrucciones impartidas, con lo cual se generaron hechos como la no inclusión en nómina, inclusiones tardías, y demora injustificada en el pago de retroactivos de prestaciones económicas a pensionados y beneficiarios de las mismas.
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