Los futuros desmovilizados de la guerrilla podrán conformar partidos políticos o ser parte de colectividades, pero sin que puedan ser elegidos a cargos públicos.

Así quedó establecido en un artículo aprobado por la plenaria del Senado en el último debate del marco legal para la paz.

El artículo recibió el visto bueno de 70 congresistas los cuales votaron a favor de la iniciativa, mientras que 5 lo hicieron en contra.

En la norma se indica que una ley posterior “regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política”.

Finalmente las proposiciones de los senadores Juan Carlos Vélez y Juan Lozano, quienes pedían que se delimitara que en los delitos conexos a los políticos (rebelión o asonada) no fuera incluido crímenes de lesa humanidad o de narcotráfico.

Antes se había aprobado un artículo en el cual se establece que se “dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo”.