La norma propone estrategias para la rehabilitación, el acceso a la educación y la generación de empleo. Además se crea el centro de investigación en violencia y delincuencia juvenil.

Tal como lo señala el articulado, el objetivo es adoptar medidas para la inclusión social de los jóvenes con alto grado de emergencia social, pandillismo, grupos de violencia juvenil, con el fin de fortalecer la acción social del Estado.

De esta manera, tanto el Gobierno Nacional, como los Gobiernos Departamentales, Distritales y Municipales, podrán incluir partidas presupuestales para tal fin, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, así como con el rubro designado para el sector.

La norma propone a las entidades gubernamentales realizar acuerdos, contratos y convenios interadministrativos, con entidades que promuevan y atiendan la rehabilitación de estos jóvenes, con el fin de promover la generación del empleo y ubicar laboralmente a quienes hayan finalizado su proceso de rehabilitación.

Al respecto, el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, desarrollará programas para la formación en actividades productivas, que amplíen las posibilidades de empleos para este grupo social.

Para efectos de la inclusión social de los jóvenes con alto grado de emergencia social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar servirá como ente rector en la articulación de las entidades públicas y privadas que garanticen el acceso a la recreación, al sistema educativo y a la seguridad social de los jóvenes beneficiados.

A su vez, el Ministerio de Educación Nacional gestionará estímulos educativos en coordinación con el Icetex, universidades públicas y privadas, para el efectivo acceso del grupo objeto de esta ley a los niveles de educación básica, media y superior.