Ante la inminente y definitiva aprobación de la reforma constitucional conocida como “marco jurídico para la paz”, las Plataformas de Derechos Humanos del país advierten las graves limitaciones del proyecto de acto legislativo, el cual pretende establecer instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política.

Este proyecto va en contravía de los deberes constitucionales e internacionales del Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y pretende constitucionalizar criterios de justicia transicional, dejando a un lado los derechos de las víctimas.

Las organizaciones de derechos humanos apoyan una posible solución negociada del conflicto armado, que lleve al logro de una paz duradera basada en el ejercicio de los derechos humanos, en particular en los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, así como en la restitución de tierras. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que una paz establecida sobre la impunidad carece de condiciones jurídicas y políticas para su validez; por lo tanto, un acuerdo de paz en tales circunstancias resultaría frágil y susceptible de ser declarado inconstitucional.

Desde el punto de vista político, es improbable que la sociedad colombiana, o al menos importantes sectores de ella que han sido víctimas de los diferentes actores armados, acepten un desconocimiento generalizado de sus derechos, como el que se derivaría de la puesta en marcha de este proyecto de reforma constitucional.

El punto de partida de un eventual proceso de paz debería contar con el reconocimiento de la gravedad de los daños causados en el conflicto, el ofrecimiento de condiciones genuinas para establecer la verdad sobre los hechos ya para reparar de manera integral a las víctimas, así como de medidas de justicia real.

En consecuencia, las Plataformas de Derechos Humanos de Colombia proponemos respetuosamente al Senado de la República el archivo de este proyecto de acto legislativo, y al Gobierno la exploración de vías que contribuyan a la construcción de un proceso de paz genuino y respetuoso de los derechos de las víctimas, que sea creíble y aceptable para la sociedad colombiana y para la comunidad internacional.