El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, aseguró que la solicitud de extradición del General (r) Mauricio Santoyo es una nueva vergüenza para el país y expresó que el expresidente Álvaro Uribe debe asumir su responsabilidad política en este caso.

“El expresidente no sólo omitió retirar a Santoyo del servicio, sino que estimuló la impunidad al permitir que el oficial ascendiera en su carrera y luego ocupara un cargo diplomático, cuando eran de conocimiento público las denuncias que lo vinculaban con graves violaciones a los derechos humanos durante su gestión como comandante del Gaula en Medellín”, dijo el congresista.

Cepeda afirmó que el expresidente Uribe debe explicarle al país si sabía de alguna relación entre el General (r) Santoyo y los hermanos Gallón Henao, socios comerciales del exmandatario vinculados con el Bloque Metro de las AUC y copropietarios de la hacienda Guacharacas, y hasta qué punto el oficial accedió a información privilegiada siendo su jefe de seguridad en la Presidencia.

Igualmente, señaló que el actual Procurador General, Alejandro Ordóñez, tiene que dar explicaciones por su actuación como Magistrado de la sala penal del Consejo de Estado que anuló la sanción impuesta al General (r) Mauricio Santoyo en 2003, por la interceptación ilegal de comunicaciones a varias ONG y defensores de derechos humanos en Medellín. Por esta razón, agregó el congresista, Ordóñez debe declararse impedido para aspirar a una eventual reelección como Procurador.

Para el representante, el escándalo Santoyo – Uribe compromete de manera deshonrosa a los miembros de la Comisión Segunda del Senado, que aprobaron el ascenso del oficial, en un momento en el que estaba severamente cuestionado. Indicó que esta situación no sólo compromete seriamente la carrera política del expresidente Uribe, sino que devela los inmensos problemas de la política antidrogas en Colombia, y es un profundo golpe a la credibilidad de la misma.

Para el representante, el escándalo Santoyo – Uribe compromete de manera deshonrosa a los miembros de la Comisión Segunda del Senado, que aprobaron el ascenso del oficial en un momento en el que estaba severamente cuestionado. Indicó que esta situación no sólo compromete seriamente la carrera política del expresidente Uribe, sino que devela los inmensos problemas de la política antidrogas en Colombia, y es un profundo golpe a la credibilidad de la misma.