La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado para que la voz de las víctimas de la violencia sea tenida en cuenta durante los procesos de diseño, implementación, ejecución y evaluación de la correspondiente política pública en su favor, a través de las mesas de participación de víctimas que estableció la Ley 1448 de 12011, denominada Ley de Víctimas.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada Preventiva en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, adelantó una acción preventiva que tuvo como objeto analizar el proceso de implementación de las mesas de participación de víctimas que consagra la señalada Ley y constató que estas no están operando y que aún no se cuenta con el Protocolo de Participación Efectiva.

El Ministerio Público recomendó a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ampliar y democratizar las dinámicas restantes de inscripción de las mesas y construcción del Protocolo de Participación que establece la Ley de Víctimas. Es necesario ahondar en labores de socialización, capacitación y concertación más ambiciosas que realicen estándares de diversidad, no discriminación y pluralismo.

Así mismo sugirió que el protocolo de participación efectiva deberá garantizar la realización de tales estándares en los diversos momentos de participación que establece la Ley de Víctimas alusivos a distintos temas, a saber: derechos de las víctimas de pueblos indígenas y grupos étnicos; reparación simbólica; víctimas niños, niñas y adolescentes; plan nacional de atención y reparación integral a víctimas; diseño de política en torno a víctimas de entidades territoriales; programas de reparación colectiva; construcción de memoria histórica; medidas de satisfacción y reparación simbólica; atención psicosocial y salud; indemnización por vía administrativa.

Adicionalmente, en aras de que se enriquezca la política pública que garantice el goce efectivo del derecho a la participación, la socialización de proceso de inscripción de las mesas y la construcción del protocolo de participación efectiva, junto con su respectivo aplicativo, deberán aludir y precisar los siguientes asuntos: elaboración de diagnósticos; metas y cronogramas; construcción de indicadores de goce efectivo; intereses y representación diferencial de los distintos espacios que establece la Ley; medidas de protección; roles específicos del Gobierno central y de los entes territoriales (reparto de responsabilidades y montos de los recursos); autonomía de las víctimas; apoyo estatal a las víctimas; apoyo estatal a las víctimas (hospedaje, alimentación, transporte, oficinas…); labores de capacitación; articulación entre el Gobierno nacional y los entes territoriales; consideración e incidencia de las propuestas de las víctimas; sistematización de la información; monitoreo y evaluación”.