En medio del candente debate surgido por los micos que le introdujeron en el proceso de conciliación de la Reforma a la Justicia, sectores políticos de oposición pidieron hoy la cabeza del Ministro Juan Carlos Esguerra Portocarrero como presunto responsable de este hecho.

La renuncia fue solicitada por los dirigentes del Polo Democrático Alternativo, quienes al mismo tiempo anunciaron su apoyo al referendo propuesto para “tumbar” la enmienda.

El senador de esta colectividad, Jorge Robledo dijo que el ministro Esguerra debe apartarse del cargo porque es tan responsable como los congresistas que introdujeron los micos.

“El Ministro y el presidente Santos fueron los autores de la reforma y sus principales impulsores. En todos los debates defendieron su contenido, incluidos los artículos que blindan a los congresistas contra eventuales procesos judiciales y los que privatizan la administración de justicia”, precisó Robledo, quien añadió:

“La Reforma a la Justicia es de lo peor que ha pasado en Colombia, porque aumenta una especie de dictadura presidencial y avergüenza a al país”.

Su compartidario y colega de la Cámara de representantes, Germán Navas Talero se sumó a la petición.

Al respecto dijo: Ministro Esguerra, en un acto de elegancia renuncie y acompañe en la calle la campaña de revocatoria del vergonzoso acto legislativo que reformó la justicia”.

En igual sentido se pronunció el representante a la Cámara Iván Cepeda, quien sostuvo que no solo debe tumbarse la conciliación, sino la integridad de la enmienda.

“No aceptamos la reforma. Toda está mal hecha”, precisó Cepeda.

TERRORISMO JURIDICO

Mientras tanto, en diálogo con Radio Santa Fe, el coordinador de Ponentes de la reforma a la justicia, senador Eduardo Enríquez Maya, defendió las decisiones adoptadas por el Congreso y negó que se hayan introducido cambios para favocerse él y otros colegas que son investigados o procesados.

Maya calificó de “terrorismo jurídico” las afirmaciones de que las cárceles se van a vaciar, porque saldrían en libertad todos los procesados por para-política y actos de corrupción.

Maya, al igual que otros congresistas que votaron la reforma, es acusado de haber legislado para beneficio propio, ya que está siendo investigado por parapolitíca.

Sin embargo, el senador le salió al paso al candente debate surgido a raíz de las modificaciones que a última hora se le hicieron en el proceso de conciliación al texto de la reforma aprobada por el Senado y la Cámara y que el mismo presidente de la república calificó de verdaderos “micos”.

“Eso es terrorismo jurídico”, afirmó el congresista, quien sostuvo que “el país no va a cambiar con llevar a la cárcel a quienes hacemos las leyes”.